Otras ocho personas sufrieron lesiones leves, cuando la policía hizo estallar, cerca de donde se registró el atentado, un vehículo estacionado cargado con 40 kilogramos de explosivos.

"El gobierno actuará con rapidez y esperamos que la fortuna nos acompañe en esta extraordinaria lucha que libra la sociedad española contra los criminales de ETA", manifestó Aznar poco después del atentado; el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advirtió que Madrid ``no negociará con los terroristas''.

La explosión se produjo a las 7:40 de la mañana, en una parada de autobuses de la avenida Carlos III, generalmente usada por soldados que regresan a la base militar de Cerro Muriano, a 20 kilómetros de Córdoba.

Colocada en el interior de un depósito de basura, la bomba mató al sargento Angel Ayllon e hirió a otro militar y a dos civiles.

La bomba estalló segundos antes de la llegada de un autobús que transportaba a decenas de militares, el cual presumiblemente fue el objetivo de los autores del ataque, indicó la policía.

Herri Batasuna, considerado brazo político de ETA, sugirió que la única forma de frenar los ataques del grupo armado consiste en alcanzar un arreglo negociado para la independencia del País Vasco. "Deseamos una solución política fruto del diálogo, cuya base sea la búsqueda de una auténtica democracia para el pueblo vasco", indicó Herri Batasuna.

En tanto, la Audiencia Nacional de España dispuso el ingreso a prisión de los ex agentes de la Guardia Civil, Enrique Dorado y Felipe Bayo, acusados de haber secuestrado y asesinado en 1983 a los supuestos etarras, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Mientras, la policía de Venezuela detuvo en la ciudad costera de Cumaná al presunto activista de ETA, Eugenio Barrutiabengoa, a quien se le atribuyen por lo menos seis asesinatos y cuya extradición había sido solicitada meses atrás por las autoridades españolas.