Solidariamente a Rodolfo Peña El día 10 de mayo, en el Diario de Jalapa y en el periódico La Opinión de Poza Rica, se publicó un desplegado firmado por un familiar de René Monroy, cacique ganadero asesinado el 8 de mayo.
El desplegado, firmado por Raúl Monroy García, está lleno de falsas acusaciones y difamaciones en torno al homicidio, y hace referencia a un informante anónimo: ``él los vio y los denunció. Me dijo sus nombres... me habló de que todos recibían apoyo de jesuitas, curas y catequistas, que les daban dinero, los adoctrinaban y los protegían, enseñándoles no el amor entre hermanos, sino a odiar y a matar...'', señalando, entre otros, a Concepción Hernández, excelente abogada, y al sacerdote Alfredo Zepeda S.J., quienes con su vida comprometida por años han dado testimonio de lucha por el respeto a los derechos humanos de los indígenas de la huasteca veracruzana, pobres entre los pobres, así como a Miguel Cruz Zavala de Codhso.
Ante tales acusaciones, la Diócesis de Tuxpan, en una carta dirigida a todos los fieles ha manifestado que es imperioso defenderse de esta calumnia pública, de esos falsos señalamientos que propician la propagación de rumores desorientadores, que incitan a la violencia y crean un clima amenazante en contra de personas inocentes.
René Monroy era un cacique ganadero que fue asesinado el 8 de mayo en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, cerca de la puerta de su potrero. El licenciado Casarin, agente del ministerio público de Chicontepec, declaró a la prensa que Monroy ``recibió 18 balazos; las armas usadas fueron de las llamadas 'cuernos de chivo'. Las descargas fueron de unas 60 balas que quedaron regadas alrededor''.
Monroy vivía en Huachinango, Puebla, pero iba a menudo a su rancho de Ixhuatlán. El año pasado lanzó un operativo en contra de las comunidades de Cantollano y el Mirador, municipio de Ixhuatlán. Fue auxiliado por Juan Herrera Marín, director de seguridad pública del Estado, sujeto con más que dudosos antecedentes, igual que Monroy a quien los campesinos señalan como narcotraficante y dicen que por las noches llevaba droga y armas, en tambos de plástico, por el río Chiflón. Los policías de seguridad pública estatal le servían de pistoleros, como le sirven a otro temible cacique de la zona, Tranquilino Hernández Reina.
El operativo contra la comunidad de Cantollano se realizó el 11 de agosto de 1995. El saldo: 12 detenidos sin orden judicial, allanamientos de morada, un anciano brutalmente golpeado cuando quiso evitar la detención de su hijo Nicolás Hernández, y éste último cobardemente asesinado cuando intentaba esconderse detrás de su cama. Además de policías participaron otros sujetos sin uniforme, presumiblemente pistoleros del ganadero. El pretexto fue que según Monroy, los indígenas de Cantollano, en octubre de 1994, mataron a su esposa Gladys de los Angeles. También los denunció porque invadieron su rancho. Los detenidos fueron liberados poco a poco, con excepción de tres que quedaron procesados en Chicontepec, sin evidencia alguna en su contra. Antes, Monroy había denunciado a otros con nombres similares a los de los detenidos. En 1995 René Monroy también logró que encarcelaran a indígenas nahuas porque lo habían agraviado.
En su carta, la Diócesis de Tuxpan denuncia que en esas regiones largamente olvidadas, la impunidad es un hecho constante y causa cotidiana de hechos violentos, que a su vez es consecuencia de la falta de investigaciones serias y responsables sobre los delitos cometidos. Que también origina violencia el rezago en la solución de los problemas agrarios y sociales que agobian a las comunidades de la región, y el caciquismo como estructura injusta para mantener el poder.
Recuerda los lineamientos de los obispos de América Latina contenidos en los documentos de Santo Domingo: ``Toda violación de los derechos humanos contradice el plan de Dios y es pecado... La Iglesia, al defender los derechos humanos, obedece el mandato de Jesucristo y cumple una exigencia esencial de su misión evangelizadora... Los derechos humanos se violan no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades. La intolerancia política y la indiferencia frente a la situación de empobrecimiento generalizado muestran un desprecio a la vida humana concreta que no podemos callar''.
Finalmente, la Diócesis se compromete con los obispos de América Latina a ``impulsar la plena vigencia de los derechos humanos...'' Con ellos asume el compromiso de la ``opción preferencial por los pobres y por los indígenas que fueron calificados como los más pobres entre los pobres...''.
La señora Gladys de los Angeles efectivamente fue asesinada, pero la gente del lugar atribuye el crimen a la existencia de otro esposo, al que abandonó para seguir a René Monroy.
La única certeza siempre, en todos los casos, es la impunidad.