Una densa niebla cubre el camino de la paz en Chiapas. La acción combinada de la sentencia por terrorismo contra Elorriaga y Entzin, la intensificación de la presión militar contra el zapatismo y la ingobernabilidad en el estado amenazan con descarrilar el proceso de pacificación en la entidad.

Para quien está en el campo de batalla, las acciones militares hablan más que las palabras. Los desplazamientos de tropas, el establecimiento de campamentos o los vuelos rasantes son el lenguaje para leer la voluntad y las intenciones de las partes en conflicto.

Es por ello que tiene tanta importancia la reciente ofensiva del Ejército Federal alrededor de Oventic con el pretexto de combatir el narcotráfico, y las amenazas gubernamentales de reiniciar las órdenes de aprehensión contra los integrantes del EZLN de no restablecerse el diálogo el próximo 5 de junio. Juntas constituyen, simple y llanamente, un ultimátum, que hacen aparecer la oferta de Carlos Rojas en Chiapas de establecer un nuevo pacto social en la entidad, como una muestra más del doble discurso del gobierno. Nuevo pacto con el cerco militar estrechándose? La ofensiva militar en Oventic está lejos de ser casual. Esta comunidad es un símbolo para las partes en conflicto, como antes lo fue el primer Aguascalientes. Ubicada a escasos kilómetros de San Andrés, sede oficial del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, se ha convertido en un baluarte de la resistencia zapatista en los Altos. Ya en diciembre del año pasado se registraron incursiones del Ejército en esta misma comunidad, con el pretexto de que el nuevo Aguascalientes que allí se construía no era una instalación político-cultural sino un cuartel zapatista. Curiosamente esta es una de las áreas de influencia del comandante David, jefe de la delegación zapatista en el diálogo.

Sin que sea aún la guerra, el desplazamiento militar sobre Oventic forma parte de la estrategia gubernamental que busca ``apretar'' militarmente a los zapatistas para que éstos acepten ``achicar'' la negociación, y, obligarlos a regresar a la mesa de negociaciones sin que hayan sido liberados Elorriaga y Entzin, sin que se haya desvanecido la sentencia de terrorismo contra el EZLN y sin que el gobierno haya precisado el camino para resolver este embrollo. El problema es que los zapatistas no pueden presentarse el 5 de junio si ante el poder judicial son terroristas y si sobre de ellos pende la posibilidad de ser detenidos. En estricta lógica fue el gobierno el que provocó el daño la acusación de terrorismo fue formulada por la PGR y corresponde a éste repararlo.

Por lo demás, el llamado del titular de la Sedeso a un nuevo pacto social tiene poco sustento. El mismo tuvo en sus manos la solución del conflicto después de los enfrentamientos de mayo de 1993, y al inicio de 1994 a través de los módulos de atención social, y, en ambos casos, mostró una profunda incomprensión de la naturaleza de éste. Sus acciones se limitaron a reproducir desarticuladamente las recetas de combate a la pobreza y buscar construir clientelas políticas afines. Su reunión el viernes 17 de mayo con la dirigencia del PRI en la entidad, y los comentarios del gobernador Ruiz Ferro al término de ésta, sosteniendo que la solución de los conflictos en la entidad pasan por el partido y el Congreso, refuerzan la incredulidad en la oferta.

Nublando más el camino de la paz se encuentran incidentes como el de Bachajón. El conflicto en este municipio es emblemático de la complejidad del proceso de pacificación en la entidad por tres razones.

Primero. Muestra que el levantamiento zapatista es apenas la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo. En Bachajón han respondido de manera violenta los grupos de interés tradicionales afectados por el avance pacífico de las organizaciones independientes. Y aunque no todo en Chiapas son Bachajones existen otras regiones con ``nudos'' políticos similares a éste, próximos a estallar, en lugares como los Chimalapas, Jaltenango, la Fraylesca, una parte del Soconusco, Chamula y otros municipios del Norte.

Segundo, porque enseña cómo estos grupos siguen, a más de dos años de iniciada la insurrección, protegidos y animados desde el poder. Su sobrevivencia sin el apoyo desde arriba sería imposible. Y es que grupos como éste son las contrapartes de quienes gobiernan el estado. No son un arcaísmo o una excepción, son la cara de la ``modernidad'' priísta en la entidad. Ellos fueron los responsables de organizar en su región el fraude electoral que dio el ``triunfo'' a Eduardo Robledo Rincón en las elecciones de 1994. Siguen siendo la maquinaria electoral del partido oficial. La presencia del Ejército Federal no ha limitado ni su crecimiento ni sus acciones.

Tercero, porque evidencian la fragilidad de cualquier proceso pacificador en la entidad al alterar las negociaciones con acciones violentas, dándole a sus patrocinadores un poder de veto extraoficial sobre cualquier acuerdo.

Oventic y Bachajón han cubierto de más niebla el ya de por si nublado camino a la paz. Quedan apenas un par de semanas para que ésta se despeje. Habrá tiempo?