Una denuncia más. ``Y las que se acumulen'', dijeron los observadores.

Tal como lo habían anunciado, los diputados de la fracción parlamentaria del PRD presentaron ayer en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados la doble solicitud de juicio político en contra del procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, y del juez primero de distrito de Chiapas, Juan Manuel Alcántara, por las supuestas irregularidades en que incurrieron en el juicio contra los presuntos militantes del EZLN, Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin Gómez, quienes fueron condenados a 13 y seis años de prisión, respectivamente, acusados del delito de terrorismo.

La denuncia fue ratificada ayer por los legisladores perredistas, entre los que estuvieron Ramón Sosamontes, Juan Guerra, Carlota Botey, Rosario Robles y Mauro González Luna, de manera que se pueda iniciar de inmediato el proceso legislativo que presumiblemente puede terminar en el juicio político contra el procurador y el juez.

En el caso de Lozano Gracia es por lo menos la segunda denuncia en su contra. Anteriormente, el diputado originalmente postulado por el PRD y ahora declarado ``independiente'', Luis Sánchez Aguilar dirigente del Partido Social Demócrata, sin registro presentó también una solicitud de juicio político en su contra, así como de otros funcionarios, entre los que están el presidente Zedillo y el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet.

Pero, como en este antecedente, los conocedores estiman que existen pocas posibilidades de que prosperen las solicitudes, ya sea porque sean desechadas de plano o porque antes se corrijan las situaciones que dieron ocasión a las acusaciones presentadas.

Por ejemplo, en los casos de Elorriaga y Entzin, hay rumores con muchos visos de credibilidad en el sentido de que pronto podrían quedar en libertad, ya sea por una decisión de un tribunal de mayor jerarquía o por la intervención del Ejecutivo federal de acuerdo con sus facultades constitucionales para conceder el indulto o la amnistía.

Es probable, también, que los legisladores perredistas que llevaron este asunto a la Cámara de Diputados extiendan sus denuncias y censuras a la Permanente, que sesionará mañana en la sede del Senado. Pero salvo exponer el caso ante la opinión pública, esa nueva acusación no tendrá efecto para cuestiones de procedimiento.

En este caso la instancia que tiene la responsabilidad de determinar si hay elementos para actuar contra el titular de la PGR y el juez de Distrito es la subcomisión de Examen Previo, integrada por los presidentes de las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, Saúl González Herrera del PRI, y Fernando Pérez Noriega del PAN, respectivamente.

Carta a Fox

``Señor gobernador:``Los campesinos del ejido de Covadonga, del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, nos dirigimos a usted cordialmente y de la manera más atenta para hacerle saber la situación actual por la que estamos pasando, ya que a pesar de que fuimos beneficiados por el Tribunal Superior Agrario con la dotación de tierras dictada con fecha 19 de mayo de 1994, dentro del expediente agrario número 856/93 y que fue ejecutada el día 23 de abril de 1995, fecha en la que se nos hizo la entrega formal y jurídica de nuestras tierras, que pasan a ser propiedad de nuestro ejido. Sin embargo, por sugerencia del actuario ejecutor del tribunal unitario agrario de Guanajuato, licenciado Felipe Uribe Rodríguez, se les concedió mañosamente un periodo de gracia para recoger sus cosechas''.

El anterior es uno de los párrafos de una carta que debió recibir o que tal vez ya tiene en sus manos el gobernador de Guanajuato Vicente Fox, de parte de campesinos que durante decenios lucharon porque se les entregaran tierras que formaban parte de un latifundio simulado.

Al cabo de muchos años de lucha, lograron que las autoridades agrarias atendieran a sus legítimos derechos. Pero, como lo revela su misiva, fueron convencidos de que también era de justicia que los anteriores propietarios de las tierras levantaran la última de sus cosechas. Ellos, o sus empleados más bien, habían sembrado y a ellos les correspondía levantar el producto de su trabajo.

Ese gesto de honorabilidad operó en realidad como trampa para los ejidatarios que son los beneficiarios de la dotación. En vez de disfrutar de sus tierras, están en peligro de ir a la cárcel por falsas acusaciones de despojo, ya que cansados de esperar a que se les entregaran sus predios, los tomaron el pasado día 5. Los ex propietarios no sólo se niegan a entregar sino que pretenden que las autoridades, al imperio de las nuevas disposiciones derivadas de la reforma al artículo 27 constitucional, les devuelvan el usufructo. Además, por si ello fuera poco, en lo privado dicen que no serán afectados porque el gobernador es su ``paisano'', es decir, hijo de españoles.

A pesar de ello, los ejidatarios confían en que el gobierno estatal y el federal atenderán su petición. Por ello, la carta referida líneas antes está dirigida al gobernador Fox Quesada, con copia para el secretario de la Reforma Agraria y para el procurador agrario Dionisio Pérez Jácome.

La cosecha

Por cierto, el gobernador de Guanajuato convocó a una reunión con periodistas de su estado para aclarar las acusaciones en su contra porque al parecer en Estados Unidos aseguró que en caso de llegar a la Presidencia de la República aceptaría la venta de Petróleos Mexicanos. La aclaración no lo fue tanto, porque si bien Fox dijo que no fue a vender petróleo ni a Pemex, admitió que está en favor de la privatización de la empresa petrolera, ya que ``a mí me parece que estratégicamente el petróleo dejó de serlo hace ya bastante tiempo''... Para protección de los trabajadores migratorios, el subsecretario de Población y Servicios Migratorios, César Bécker Cuéllar, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Fernando Solís Cámara, y el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, firmaron un convenio para integrar un grupo tripartito que se encargará de combatir a los grupos que trafican con migrantes o que abusan de ellos a su paso por la región fronteriza, en los alrededores de Agua Prieta, Sonora... Se le juntó la chamba al experimentado político tamaulipeco Joaquín Contreras Cantú, quien recientemente fue designado coordinador del CEN de su partido en Nuevo León, donde se anticipan unas difíciles elecciones de gobernador del estado, sobre todo porque los miembros del PAN están seguros de sumar esa entidad a las cuatro que ya están en su poder. Contreras Cantú al mismo tiempo se mantendrá al frente de la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios (CNAPS) que forman parte del sector popular del PRI. Su responsabilidad en este organismo se mantendrá por lo menos hasta que culmine el proceso de reforma interna de lo que volverá a ser la CNOP o hasta la asamblea nacional de ese partido, a efectuarse en junio venidero.