Afinan priístas dictamen para salvar a Figueroa

Oscar Camacho y Elena Gallegos A causa de Rubén Figueroa esta semana habrá otro enfrentamiento en la Cámara de Diputados: por un lado la oposición, a través del PAN, presentará un proyecto de dictamen en el que se declara procedente iniciar juicio político contra el gobernador de Guerrero con licencia. En el polo opuesto, la bancada del PRI salvará por enésima vez a Figueroa Alcocer, con un proyecto de dictamen alterno en el que lo eximirá de ser enjuiciado en el Congreso de la Unión.

Ambos proyectos de dictamen serán presentados durante los próximos días ante la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, la cual revisará si procede dar entrada a la demanda que entabló el PRD contra Figueroa.

De manera oficial, el proyecto de la subcomisión le fue encomendado al panista Alejandro Zapata Perogordo, en su calidad de secretario de la Comisión de Justicia, pero en previsión de una conclusión positiva para iniciarle juicio político a Figueroa, se espera que la bancada del PRI presente un dictamen alterno.

El proyecto de dictamen que condena al gobernador con licencia lo tiene elaborado Zapata Perogordo, mientras que sobre el escritorio de un destacado jurista y diputado del PRI, perteneciente a los altos círculos de la Cámara de Diputados, se encuentra listo, también, el proyecto salvador del Tigre de Huitzuco

El enfrentamiento es inevitable, pues mientras que a juicio del panista Zapata, Figueroa Alcocer es responsable de graves violaciones a la Constitución y a las garantías individuales, en la fracción del PRI existe la decisión de argumentar en favor del político con los fundamentos que ya desde noviembre pasado --cuando se desechó por vez primera iniciarle juicio-- utilizó la mayoría priísta al seno de la Comisión de Gobernación.

A decir de Zapata Perogordo, ``el proyecto de dictamen alterno que presentarán los priístas no se hizo en la Cámara de Diputados. Se lo mandaron de Gobernación'', afirma.

Y explica el porqué de su aseveración: ``A nadie escapa que Figueroa Alcocer pactó su renuncia a cambio de que se le diera impunidad por la matanza de Aguas Blancas. Y tampoco escapa a nadie que esta impunidad se la garantizó la Secretaría de Gobernación, con el aval, claro, de la Presidencia de la República. Es lógico, entonces, que el dictamen que presenten los priístas sea parte de esa garantía de impunidad y que sea hecho por el mismo actor político que se le ofreció a Figueroa''.

Y agrega: ``si no existiera esa garantía, los priístas mismos ya hubieran hecho escarnio a estas alturas del ex mandatario, con tal de quitarse el costo político que le significa cargar con ese lastre''.

El secretario de la Comisión de Justicia reitera lo que ya ha dicho en otras ocasiones. ``Figueroa no tiene salida jurídica alguna. Sólo puede salvarlo un voto que la mayoría del PRI le dé por lealtad partidista y personal por encima de la legalidad''.

Insiste que en el dictamen que le fue encomendado se declara procedente iniciar juicio político a Figueroa Alcocer por su presunta responsabilidad en la violación de garantías constitucionales e individuales en el caso Aguas Blancas.

Por parte del PRI, el diputado Ignacio González Rebolledo, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, adelanta la posición de su bancada.

Entrevistado en sus oficinas del Palacio Legislativo, González Rebolledo explica que sí, que el PRI espera que el dictamen de Zapata Perogordo esté orientado en favor de iniciarle juicio a Rubén Figueroa, pero agrega que la fracción priísta decidirá si presenta o no un proyecto alterno hasta conocer de manera oficial cuáles son lo fundamentos y conclusiones del proyecto del diputado panista.

No obstante, el propio González Rebolledo da a conocer un dato que habla de la decisión priísta para defender a Figueroa.

El legislador del PRI explica que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 110 constitucional, el juicio político procede para un gobernador cuando se dan violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales.

Paradójicamente, González Rebolledo se apoya en acciones tomadas por la PGR, que encabeza el panista Lozano Gracia, para descartar una de las dos causales establecidas en el 110 constitucional.

``La PGR ya estableció que no hay lugar para atraer a esferas federales el caso Aguas Blancas y con ello dio por sentado que Figueroa no incurrió en violación de leyes federales. Sólo queda por determinar entonces si se da el caso de violaciones graves a la Constitución y esto aún hay que analizarlo.

Una y otra vez, González Rebolledo sale a rebatir los cuestionamientos que se le han hecho al PRI en el sentido de que actúa por encima de los intereses de la nación y sin apego a la ley, para defender intereses partidistas y lealtades políticas cuando hay acusaciones hacia algún destacado correligionario de ese partido.

``La gente debe saber que en lo que va de esta legislatura hemos recibido 55 solicitudes de juicio político y en todas las que se han dictaminado hasta la fecha --46, están pendientes nueve-- no se ha justificado la demanda. Ni siquiera en los casos del procurador panista Antonio Lozano Gracia, ni en la que se presentó contra el senador del PRD, Jaime del Río Ortegón. Si actuáramos con criterios partidistas y no jurídicos habríamos dictaminado tal vez procedentes las demandas contra funcionarios o políticos de la oposición. Pero ahí tampoco hubo razones jurídicas y, por tanto, tampoco procedieron las solicitudes''.

Reconoce, sin embargo, que una eventual defensa de Figueroa le significará al PRI un alto costo político, pero sostiene que están dispuestos a asumirlo si esa es la conclusión que se desprende del análisis jurídico.

Se espera que la Subcomisión de Análisis Previo se reúna a finales de la semana para conocer el proyecto de dictamen del caso Figueroa.