Quería tratar en este artículo los casos de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, sentenciados ilegal e ilegítimamamente como culpables de terrorismo, pero a un lado del chupacabras jurídico implícito en el proceso criminal que iniciara la PGR, las declaraciones del gobernador Vicente Fox, a empresarios estadunidenses en Nueva York, me inclinaron a considerarlas ahora por sus agresivas significaciones.
Según la información de los corresponsales Jim Cason y David Brooks (La Jornada, No. 4197), el señor Fox hizo saber a esos empresarios que su partido, el PAN, ``favorece la privatización de Petróleos Mexicanos, pero advirtió que la venta... no podrá realizarse hasta que no exista plena democracia en México'', enlazando así una pecadora contradicción entre la calidad democrática de la nación y la metamorfosis de su patrimonio público en propiedad privada, o sea que cuando el pueblo tome y ejerza el poder, que tal es la connotación de democracia, en lugar de las élites que por hoy la simulan, entonces ese pueblo entregará sus riquezas a las élites gazmoñas. Subrayemos por otra parte, que democracia es democracia y no levadura hecha para cumplir gustos ni enderezar jorobados.
No sorprende que el gobernador haya hecho semejantes aseveraciones, pues bien conocido es, al menos para mí, su conservadurismo desde que se desempeñó como diputado federal en la LIV Legislatura, donde peleó, a las veces arrebatadamente, por los puntos de vista del neopanismo en boga. Tema ardiente en la idea derechista del panismo que impulsara el sin duda honesto Manuel Clouthier, es el artículo 27 constitucional como escudo de contención de las ambiciones de las clases opulentas respecto del trabajo y los bienes de las clases no opulentas, pues aunque todavía hay quienes admiten que la abundancia de los menos se traducirá con el tiempo en buenas despensas para los más, tal creencia se encuentra refutada en la ya muy larga historia de la concentración del ingreso en manos de los pocos.
El Constituyente de 1916-17 se decidió por defender las banderas revolucionarias de sufragio efectivo y justicia social porque comprendió que una democracia auténtica sin justicia social no era democracia, y en consecuencia que debía apuntalar tanto un patrimonio nacional garantizador del desarrollo general y de la autodeterminación soberana, cuanto los derechos y participaciones de las mayorías en el producto y la cultura gestadas por la colectividad, sin perjuicio esto de proteger la actividad empresarial privada en la medida en que no dañe los intereses sociales. El mal ejemplo porfirista estuvo siempre presente: la patria despojada de sus recursos fundamentales se veía cada vez más gobernada por Londres y Washington.
Cómo detener la grave operación financiera e industrial que en los últimos lustros del porfiriato nos estaba privando de nuestra fecunda naturaleza y de la autodeterminación política? La respuesta fue tajante. Con el 27 constitucional se recobró el derecho eminente de los mexicanos sobre su propio territorio, cimentándose la facultad de expropiar todo lo que hubiese sido cercenado en beneficio de extraños o de nativos impúdicos, y también se redistribuyó la propiedad en nacional, social y privada, para evitar que esta última creciera sin límite alguno y repitiera las perversas experiencias del pasado. No obstante que el acuerdo constitucional ha sido burlado en forma sistemática a partir de 1947, rompiendo el gobierno sus compromisos con el Estado y el pueblo, el artículo 27 es aún deber ser jurídico y moral vigente, que tiene que acatarse de manera cabal en numerosos aspectos, y muy especialmente en lo que hace al petróleo como dotación natural incluida en la propiedad nacional que sólo el Estado puede administrar a través de los órganos que integran el gobierno como instrumento imaginado para poner en práctica las altas funciones estatales. Antes de 1938, recordemos, las compañías petroleras formaron un gobierno dentro del gobierno, y con base en tal abuso violaron nuestras leyes y amenguaron nuestro tesoro público. Este segundo ejemplo es muy representativo de lo que es capitalismo trasnacional podría hacer con nuestras materias primas y los valores culturales de lo mexicano si le permitimos despacharse, en nuestra mesa, con la cuchara grande.
No, al contrario de lo que supone el gobernador Vicente Fox y sus parciales, vender Pemex sería atentar contra la Constitución de la República y contribuir a la subordinación del pueblo ante los gigantescos consorcios internacionales y sus asociados nacionales, cuyo único interés es la acumulación de los capitales y el acrecentamiento de las ganancias. México no sólo es empleos y finanzas prósperas, no, sobre todo es dignidad humana.