La Jornada 12 de mayo de 1996

Patrulla Colombia su frontera con Panamá, ante reportes de operaciones del Comando Sur estadunidense en Darién

Afp, Dpa, Efe, Ips, Pl y Ansa, Santafé de Bogotá, 11 de mayo La Fuerza Aérea colombiana efectuó en las últimas horas una serie de patrullajes en su frontera con Panamá, a fin de determinar si tropas estadunidenses del Comando Sur realizan operaciones en la región vecina de Darién, como lo anunció esta semana el gobierno panameño.

A su vez, el grupo Dignidad por Colombia exigió al ex presidente César Gaviria que se pronuncie sobre la ``injerencia'' de Estados Unidos en los asuntos internos como condición para liberar a su hermano, y amenazó a los magistrados de la Corte Constitucional que en días pasados apoyaron un concepto de que sigue vigente el tratado de extradición de nacionales al país del norte.

Emisoras de radio reportaron que este día se iniciaron patrullajes de reconocimiento de aviones de combate colombianos sobre su frontera que limita con Panamá, luego de que el presidente Ernesto Samper impartió esa orden al ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, con objeto de conocer cuál es la situación militar del lado vecino.

Los vuelos de reconocimiento se efectuaron pese a que el Comando Sur negó la víspera que sus tropas hayan sido movilizadas, aunque admitió que se efectuaban labores ``humanitarias'' con las autoridades panameñas en favor de sectores pobres de la zona selvática de Darién.

Sin embargo, fueron declaraciones del ministro panameño de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro, las que causaron alarma desde el jueves en Colombia, cuando ante la Asamblea Legislativa de su país informó que se habían ``autorizado operaciones militares estadunidenses por periodos cortos en la frontera con Colombia'', en prevención de las guerrillas.

Pero en Colombia hubo inquietud porque incluso en el Senado hubo un debate en donde se denunció la amenaza al país que representaría la presencia de marines estadunidenses en la cercanía de su frontera. Esto llevó a que el mismo presidente Samper advirtiera que su gobierno no va a permitir la injerencia de tropas extranjeras en su territorio.

Otras autoridades tanto panameñas como colombianas hicieron esfuerzos por bajar de tono este asunto. El propio canciller colombiano Rodrigo Pardo negó que Panamá haya autorizado tropas estadunidenses en el Darién, y que el presidente Samper habló por teléfono con su homólogo Pérez Balladares, quien le explicó que se trata solo de programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Si bien fuentes gubernamentales colombianas dijeron que los patrullajes áreos de hoy son de ``rutina'', lo cierto es que las eventuales operaciones militares estadunidenses han provocado alarma y especulaciones en Colombia porque la frontera con Panamá forma parte de la convulsionada zona de Urabá, donde persisten los sangrientos ajustes de cuentas entre paramiliares y guerrillas.

A lo anterior, se suma ahora el ingrediente de que el grupo Dignidad por Colombia declaró suspendidas las negociaciones para la liberación del empresario Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria, quien actualmente es secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su papel de líder de la OEA, el grupo exigió ahora a Gaviria se pronuncie sobre la presunta presencia militar estadunidense en Darién, colindante con Colombia. Más aún, el grupo afirmó que no permitirá que fuerzas estadunidenses o de Panamá realicen patrullajes en territorio colombiano, y declaró ``objetivos militares'' a los ciudadanos y bienes estadunidenses en Colombia.

Tras este pronunciamiento del grupo secuestrador del hermano de Gaviria, fuentes de inteligencia colombiana dijeron que narcotraficantes colombianos del llamado cartel del Valle serían los autores intelecuales de ese secuestro.

Lo anterior parece confirmarse porque Dignidad por Colombia amenazó a los magistrados de la Corte Consitucional, que siguen considerando válido el tratado de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1984, pese a que la nueva Constitución colombiana lo prohibe.

Según versiones de prensa, el cartel del Valle --una escisión del cartel de Cali-- habría pagado 2.3 millones de dólares para financiar al grupo secuestrador mencionado que tiene en su poder a Juan Carlos Gaviria. Las mismas fuentes indican que el grupo estaría integrado por ex militantes de las tres principales guerrillas colombianas.

De acuerdo con los informes, la alianza entre ex guerrilleros y narcotraficantes estaría orientada por el propósito común de rechazar un eventual reinicio la extradición de delincuentes a Estados Unidos, la cual se halla suspendida desde 1991 por la nueva Constitución.

En círculos jurídicos se ha especulado que una eventual dimisión del presidente Samper, por el financiamiento de su campaña con dinero de las drogas, llevaría a su sucesor a restablecer la extradición como un símbolo de una posición más enérgica contra las mafias.

Mientras, el parlamentario Rodrigo Arcila indicó que César Gaviria podría ser llamado a declarar por el Congreso en relación a la investigación que se sigue contra Samper, en torno a la entrada de los dineros sucios en su campaña electoral de 1994 y aclarar el asunto de los narcocasettes difundidos por el ex candidato Andrés Pastrana.