Acusan a 155 militares de la matanza de Pará, Brasil

Implicarlos en bloque puede paralizar la investigación, señalan organismos de derechos humanos El gobernador ordenó detener la marcha de los Sin Tierra, arguye la defensa del comandante del grupo Liberan por falta de pruebas a dos uniformados acusados de matar a ocho niños de la calle en Candelaria, en 1993

Afp, Efe, Ansa y Dpa, Brasilia, 11 de mayo En una decisión criticada por organismos de derechos humanos, los 155 policías militares involucrados en la matanza de 19 campesinos sin tierras en el estado brasileño de Pará el pasado mes, fueron acusados formalmente de homicidio por autoridades de la Policía Militar (PM), informó hoy la prensa local.

Ante la imposibilidad de identificar a los agentes que realizaron los disparos, la Investigación Policial Militar (IPM) decidió acusar a todos los policías que participaron en el operativo de desalojo de más de mil campesinos que ocupaban una hacienda y bloqueaban una carretera en la zona de Eldorado de Carajás, en demanda de la agilización de la reforma agraria.

El coronel de la PM, Joao Paulo Viera, quien elaboró el informe elevado a la justicia castrense, consideró además que el comandante del operativo policial, coronel Mario Pantoja --quien cumple una pena de arresto domiciliario-- ``no tuvo el debido cuidado en la conducción de su misión y también perdió el control de la tropa''.

La defensa de Pantoja, que podría utilizar esa hipótesis de ``pérdida de control'', argumenta que el coronel ``dio cumplimiento a una orden del gobernador de Pará, Almir Gabriel, de desalojar'' a los campesinos.

La conclusión de las investigaciones de la PM, que se realizan en forma paralela a las de la Policía Federal y la justicia civil, agradaron a la defensa, pero no al Ministerio Público, que pidió nuevas indagaciones a los acusados y testigos.

Además, organismos de derechos humanos advirtieron que al implicar a los 155 efectivos en la matanza, se podría paralizar la investigación. ``Cada acusado tendrá derecho a presentar a seis testigos en el juicio... en un proceso que podrá sumar 9 mil páginas y con una extensión de cinco años, con lo cual la demora actuaría como buena compañera de la impunidad'', destacó el especialista Marcelo Freitas.

La defensa de los policías involucrados en la matanza esgrime la tesis de autoría incierta, al sugerir la imposibilidad de establecer cuál fue del disparo que ocasionó la muerte de los campesinos, muchos de los cuales fueron ejecutados a quemarropa, como demostraron pruebas forenses.

En tanto, el abogado del Movimiento de los Sin Tierra (MST), Jovelino Strozake, quien denunció ya el extravío de los recibos firmados por el retiro de armas y municiones utilizados en el operativo, acusó hoy a la corporación policial ``por destruir pruebas, con el apoyo tácito o intencional de la policía civil'', destacando que los efectivos policiales no fueron sometidos a las pruebas de detección de pólvora para comprobar si dispararon sus armas.

En los últimos días, dos hacendados confirmaron que un grupo de terratenientes de Pará pagó al menos cien mil dólares a la policía militar para que asesinara a los campesinos.

``Si parte de los responsables fueron corrompidos y persuadidos a trabajar como asesinos por contrato, es obvio que un segmento de la autoridad local nunca cooperará con una investigación seria'', advirtió hoy el diario Folha de Sao Paulo.

Por otra parte, en Río de Janeiro, la justicia dejó ayer en libertad a dos agentes de la Policía Militar acusados por su presunta participación en la matanza de ocho niños de la calle en julio de 1993, por falta de pruebas.

La liberación fue pedida por el propio Ministerio Público, que no logró reunir pruebas de su participación en la llamada matanza de Candelaria, en julio de 1993.

La excarcelación de Carlos Jorge Liaffa y Nilton de Oliveira --identificados por un sobreviviente de la matanza-- ocurre poco después que activistas de los derechos humanos celebraran como ``un paso hacia adelante'' la sentencia de 309 años de cárcel contra el policía Marco Emmanuel Borge por las muertes de seis de los meninos da rua que dormían en los pórticos de la céntrica iglesia carioca de La Candelaria.

En cambio, el juez José Geraldo Antonio aceptó la denuncia del MP contra otros tres miembros de la Policía Militar, Nelson Cunha y Marcos Aurelio de Alcántara --quienes están en prisión preventiva-- y Arlindo Lisboa Alfonso, quien se encuentra en libertad.

El juicio contra otros tres acusados de integrar el grupo de exterminio --el teniente Marcelo Cortes, el soldado Claudio Luis dos Santos y el cerrajero Jurandir Gomes-- está fijado para el 27 de mayo próximo, pero el MP pidió su postergación a fin de ``reunir nuevas pruebas''