Seguramente algunos de los momentos menos amargos de los muchos que ha tenido que soportar Javier Elorriaga en prisión, fueron los que consagró a pergeñar su hermoso, libro Ecos de Cerro Hueco. Imaginamos que en esa labor contó con la ayuda de su admirable esposa y la compañía de su pequeño hijo, y disfrutó momentos de felicidad y optimismo que se unieron al honor, que hoy nimba a ese joven luchador social por la justicia. Pero es poco probable que el preso político quien ha soportado la privación injusta de su libertad hubiese imaginado que iba a caer víctima del odio, en la trampa indigna de una sentencia judicial que tiene el sonido de una trompeta que ha hecho tocar el actual régimen, no se sabe exactamente si como rencorosa respuesta a la manifestación de descontento generalizado del 1o. de mayo o como advertencia a millones de mexicanos.

Se conocía la irregularidad e ilegitimidad del proceso que se inició en febrero de 1995 contra Elorriaga y 20 compañeros más, de los cuales sólo quedaron presos y fueron sentenciados dos: el propio Elorriaga y el dirigente indígena Sebastián Etzin. Todos los datos hacían pensar en una sentencia absolutoria. Pero precisamente al día siguiente de la gran expresión nacional del 1o. de mayo, con una oportunidad que en política no suele ser casual, el juez de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Manuel Alcántara Moreno dictó la sentencia que condena a largos años de prisión a Elorriaga y a Etzin.

No existen pruebas y si existieran no estarían a nuestro alcance, de que la sentencia fue la respuesta del gobierno a la ya inocultable inconformidad popular. Tampoco se necesita prueba directa alguna para suponer una vinculación política entre la gran protesta popular del 1o. y la respuesta del 2 de mayo; sobre todo, cuando los mexicanos sabemos la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. O será también necesario presentar pruebas de esa vinculación y dependencia después del boletín en que Gobernación y la PGR avalan ``al alimón'' la legalidad de la sentencia referida?La sentencia es, sin duda, la sonora clarinada que el gobierno neoliberal, autocrático, y ya francamente represivo de Ernesto Zedillo, lanza como advertencia de su propósito de someter a todos los inconformes, descontentos y agraviados, motejándolos de revoltosos, sediciosos y terroristas. Es el clarín para todos los hambrientos, despojados y agraviados. Naturalmente, esa postura del gobierno zedillista ha encontrado acogida calurosa en sectores de la oligarquía, que sentían amenazados sus intereses por una política de aparente entendimiento, de falsa conciliación. Desde luego, los Salinas de Gortari y los Córdoba Montoya, los Hank González y los Carlos Slim, unidos a los Fideles Velázquez y a los Gómez Sada, los Rodríguez Alcaine y los Rubenes Figueroa. Por fortuna, otros sectores del oficialismo, incluyendo algunos dinosaurios y bastantes funcionarios públicos, ven con preocupación el predominio de la política ``dura'' que frente al 1o. de mayo responde con una sentencia como la que se comenta, en lugar de buscar un camino de solución.

Independientemente de la revisión de la sentencia, que habrá de llevar al cabo el Tribunal jurisdiccional competente, es evidente que la resolución ha sido un grave motivo de provocación en contra de la mayoría del pueblo de México.

Nuestra espera hasta la revisión judicial de la sentencia ya no será ni confiada ni ingenua; hemos recibido demasiadas y reiteradas pruebas de la actitud del régimen y, de acuerdo con recientes experiencias, de que los compadres Figueroas caen sólo cuando el pueblo lo exige. Quedaba abierta una brecha, que constituía una esperanza, aunque débil, de encontrar soluciones positivas para la paz fundada en la justicia. Muchas dudas surgen hoy respecto a la conveniencia de continuar dialogando con un gobierno que parece inclinado a la represión. Pero cabe plantear una cuestión y lo hago con absoluta honestidad intelectual, sin haber llegado a una conclusión: Cuáles serían las consecuencias de romper los diálogos ahora, el de Chiapas y el de la reforma del Estado, el de Sutaur y el de la cartera bancaria vencida e impagable? El dilema es muy grave: debemos continuar en la lucha de escritorios por una paz justa, por la democracia y por la soberanía nacional a pesar de la actitud del gobierno salino-zedillista o ha llegado el momento de no aceptar por más tiempo el engaño? Abandonar los diálogos no significa, políticamente, reconocer el triunfo de ``los duros'' dentro del aparato estatal y, consecuentemente, adherirnos a su postura? Y, en el otro extremo, seguir sentados en diálogos forzados entre víctimas y verdugos, entre represores y reprimidos, entre explotadores y explotados, no entraña una cobardía disfrazada de mansedumbre y resignación?Creo que es una cuestión que habrá de decidir la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. Sólo nos queda a sus asesores esperar que la decisión que se adopte, sea la mejor para México!