Sin sentencia, 45% de presos en el país

Roberto Garduño Espinosa y Ciro Pérez Silva /I Encerrados en 438 cárceles del país viven 98 mil 375 hombres y mujeres. El 45 por ciento de ellos no ha recibido sentencia. Procesados y sentenciados comparten los mismos espacios, práctica que la ley prohíbe. Tres mil 800 son mujeres. Más de la mitad del total permanece en el ocio, porque las autoridades no han cumplido con el precepto constitucional de proveerles empleo.

La prisión mexicana en la práctica es otra, muy distinta, a lo que la Constitución Política dicta en su artículo 18, del capítulo primero, referido a las garantías individuales:

``Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de penas y estarán completamente separados. Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente''.

La esencia jurídica de las cárceles mexicanas está en crisis. No rehabilitan porque sus normas son: la violencia, las gabelas ilegales y el amedrentamiento. Sergio García Ramírez, impulsor de la reforma penitenciaria en la década de los sesenta, advirtió sobre la esencia injusta y excesiva de la cárcel.

``La prisión es un fenómeno abrumador de fuerza; la prisión es una de las expresiones más intensas de la autoridad del Estado sobre los individuos y que puede, por lo tanto, resultar arrasadora e inmoral, si es que no es excesiva e injusta''.

Espacios de poder político

Hasta marzo pasado, la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación registró 46 mil 980 internos en espera de sentencia, en tanto que el resto, 51 mil 395, ya purga penas.

Se trata de hombres y mujeres que viven la realidad de las cárceles, sin saber por cuánto tiempo más permanecerán en calidad de acusados, y menos sin saber el monto de la condena que les espera.

La combinación de abogados y personal administrativo corruptos, la escasez de jueces que en promedio diario atienden 25 casos y la discrecionalidad de los funcionarios penales, quienes en términos prácticos deciden el plazo de la pena, provoca que el fenómeno de los procesados no se pueda revertir. Este es uno de los puntos oscuros del sistema penitenciario en México.

Miguel Sarre, tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y especialista en el sistema carcelario, esboza el campo casi ilimitado que la ley provee a los funcionarios y custodios en las prisiones: ``Son espacios utilísimos para mantener un poder político, para mantener una corrupción enorme, es un ámbito de discrecionalidad enorme. Los funcionarios carcelarios a nivel de los estados de la República y del federal, deciden en mayor medida la duración de las penas que los propios jueces. Ellos se reservan la determinación de la duración de las penas hasta en 60 o 70 por ciento más.

``Los parámetros para ejercer esa facultad discrecional, de mil maravillas los da la ley misma, porque dicta que el interno observe buena conducta, que participe en las labores educativas y culturales, y que revele por otros actos efectiva readaptación social. Esto último se convierte en la manija de la discrecionalidad carcelaria''.

Luis de la Barreda, hoy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su trabajo Prisión aún, publicado en 1993, refirió que la mayoría de los internos sin condena son los más pobres, los que por haber incurrido en el hurto de una gallina o un kilo de carne son privados de su libertad, y que por no tener entre 200 a 500 pesos para ``agilizar'' los trámites legales pasan años en la cárcel sin recibir condena.

``Se abusa de la privación de la libertad no sólo cuando se ejecutan las penas, sino lo que es más grave cuando aún no se han dictado. En nuestro país más de la mitad de los internos son presos sin condena. Sin duda, no hay prisión más injusta que la preventiva, pues se sufre sin previa pena judicial''.

Cárceles saturadas

El talón de Aquiles del sistema penitenciario del país sigue siendo la convivencia entre mujeres y hombres sentenciados y procesados. La misma ley lo prohibe. La ausencia de una reclasificación de estos dos tipos de internos en las cárceles arroja como resultado que en los Ceresos y penitenciarías de 16 estados y del Distrito Federal 56 por ciento del totalse registre sobrepoblación.

Los últimos datos de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Gobernación apuntan que las entidades con mayor índice de saturación son Baja California, con 160 por ciento; Sonora, con 90; Tamaulipas, con 80; Nuevo León, con 60, y el Distrito Federal, con 30 por ciento.

Las 15 entidades restantes 44 por ciento ``no presentan problemática'', en tanto que los estados que disponen con mayor número de espacios son Jalisco y Veracruz.

Gobernación señala a la capital del país como uno de los puntos de saturación, pero Raúl Gutiérrez Serrano, director general de Reclusorios del Distrito Federal, tiene otra respuesta:``La capacidad instalada es de 14 mil internos, hombres y mujeres; tenemos actualmente 9 mil. La capacidad es la suficiente, lo que sucede ahora es que están mal distribuidos. Lo que se debe hacer es reubicar a los internos conforme a sus grados de peligrosidad, a su estado de salud, a su grado de criminalidad.

``No es posible que estén enfermos con no enfermos, que estén primodelincuentes con multireincidentes. Lo que sí nos va a llevar tiempo es hacer la reclasificación entre procesados y sentenciados''.

En el olvido, capacitación y trabajo

Sólo 11 por ciento de los internos tienen ocupaciones productivas redituables, 12 se dedica a la prestación de servicios de mantenimiento (barrer, limpiar sanitarios, trapear y trabajos de jardinería) y 20 a elaborar artesanías de manera desorganizada en el interior de su celda. El 57 por ciento restante se encuentra desempleado, sin posibilidad de acceder a una adecuada remuneración.

La salida única para las autoridades penitenciarias se encontraría en la participación activa de los empresarios mexicanos, para que ``arriesguen'' sus capitales al interior de las prisiones. El director de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, Luis Rivera Montes de Oca, argumenta que la crisis económica que agobia al país tiene que ver con la caída del empleo al interior de los penales, donde se halla una ventajosa mano de obra.

``Necesitamos trabajar intensamente para crear fuentes de trabajo, porque el trabajo en los reclusorios para un inversionista, para un industrial, para un comerciante ofrece varias ventajas. Primero, hay una mano de obra cautiva a la que hay que capacitar, a la que hay que darle empleo y remunerarla más allá del salario mínimo''.

Raúl Gutiérrez Serrano, de Reclusorios del DF, explica de manera llana:``Nosotros vamos a maquilar, pero antes se necesita capacitar, y después que se les pague un salario digno. Y así no va a haber riñas, y la gente va a estar ocupada, porque el ocio los mata. Yo siempre he dicho que el interno tiene dos penas, la que le impuso el juez y la que él mismo se impone al no trabajar.

``Lo ideal es que el familiar reciba dinero del interno, y no el interno de la familia, eso es un crimen. Cómo el viejo holgazán que está ofendiendo a la sociedad, que está de ocioso, se le paga la comida, y llega la familia y todavía le dá''.

Para Miguel Sarre, quien junto a 46 personas que laboran en la tercera visitaduría de la CNDH ha concluido una propuesta para una nueva legislación penitenciaria, la respuesta es sencilla, ``pues, porque no hay ni los fondos, ni los programas, ni las gentes para crear los puestos de trabajo en el interior''.

Sobrepoblación sin visos de resolverse

A fines de la década pasada y principios de ésta, los niveles de sobrepoblación penitenciaria continuaron elevándose hasta rebasar en 50 por ciento la capacidad instalada. Hasta abril pasado este fenómeno no se ha revertido, a pesar de la entrada en operación de nuevos centros penales y la ampliación de varios de los ya existentes.

Para 1989 existía una población de 78 mil 147 internos ubicados en 439 cárceles, que podían dar cabida a 55 mil 781 hombres y mujeres. Las prisiones estaban saturadas en 40 por ciento. Es decir, había 22 mil 366 reclusos de más. En siete años la población penal se incremetó de 78 mil 147 a 98 mil 375.

En diciembre de 1990, la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Gobernación reportó una población real de 93 mil 119 internos, mientras el cupo real de los 435 centros penitenciarios que existían era de 61 mil 173 personas. El índice de sobresaturación, entonces, fue de 52 por ciento.

Seis años más tarde, en abril de 1996, el registro de la misma dependencia señala que el número de presidiarios suma 98 mil 375, frente a 96 mil 956 lugares con que cuentan los 438 centros penitenciarios registrados. Del total, 4 mil 201 son indígenas y 677 extranjeros.

Para el gobierno, la población penitenciaria tiene un perfil definido, bajo las siguientes características: La mayoría es menor de 35 años de edad; 3.8 por ciento de la población total son mujeres; 53 por ciento es de procedencia urbana, y el 47 restante es rural.

El 5 por ciento de los internos está considerado como de alta peligrosidad; 75 por ciento como de media y baja; 18 como mínima, y el 2 por ciento restante corresponde a los enfermos mentales, entre los que se encuentran los inimputables (multihomicidas con afecciones psicológicas).