Las políticas de simulación de Zedillo están fracasando y han terminado por revertirse en contra suya y de su gobierno, que a menos de año y medio de iniciarse no tiene credibilidad, ni en lo económico ni en lo político.

1. Las simulaciones de Zedillo al pretender que ya somos una democracia, que las negociaciones poselectorales han terminado, que existe una división de poderes, que hay un ``nuevo'' federalismo y que él encarna a una Presidencia democrática, son motivo constante de burla, pues todo mundo sabe que el ``sistema'' sigue ahí y que sólo pretende sobrevivir con base en la propaganda: haciendo creer aquí y en el exterior que se está transformando.

2. La forma de enfrentar el levantamiento armado del EZLN muestra sin embargo no sólo una voluntad de engañar a la opinión nacional, sino toda la incompetencia política y legal del gobierno, que ahora con el caso Elorriaga se ha metido, y solo, en un nuevo problema de dimensiones nacionales.

3. La sentencia del juez federal de Tuxtla no se sostiene desde luego legalmente pero tiene, además, otro agravante: trasgredió la ley del 11 de marzo de 1995. Y en términos políticos constituye un error monumental, pues pone en entredicho al Diálogo de San Andrés al lanzar de hecho una nueva declaración de guerra contra el EZLN. De ahí que no sea de extrañar el que se acuse a Zedillo y a Chuayffet de tener una política de dobleces y de hallarse a la deriva.

4. El primer error jurídico y político de Zedillo fue el ordenar al Ejército (en violación a la Constitución) detener el 9 de febrero de 1994 a quien era el correo del gobierno con el EZLN, el segundo vino al procesarlo, como a muchos otros presuntos zapatistas, y no proceder a la liberación de todos tras la amnistía prevista por la Ley del Diálogo, y el tercero lo cometió al ordenar una sentencia de trece años por el supuesto delito de terrorismo tras un proceso amañado y sin pruebas. El fallo, a todas luces aberrante, es sin duda político, y para la mayor parte de los analistas se dictó no en Tuxtla sino en Los Pinos, mostrando precisamente lo que ingenuamente Zedillo pretendía disimular: que el poder Judicial está más subordinado que nunca al Ejecutivo.

5. El caso Elorriaga no deja lugar a dudas: fue Zedillo el que acusó a los zapatistas de terroristas el 9 de febrero, y el procurador Lozano Gracia, quien actúa en nombre suyo y legalmente depende de él (y no del CEN del PAN o de Diego, como pretende Zedillo para desrresponsabilizarse), quien acusó a Elorriaga y a Entzin de terroristas. Y es el propio Zedillo el que ahora da marcha atrás, y ordena a Gobernación y a la Cocopa que en su comunicado conjunto (7 de mayo) den a entender pero no lo digan que los zapatistas no son terroristas sino ciudadanos, y es él quien ordenó a Marco Antonio Bernal que lanzase a los zapatistas el señuelo de que el caso Elorriaga debería ``negociarse'' en San Andrés (La Jornada, 9 de mayo), aceptando así que se trata de una sentencia política y reconociendo que para el gobierno la ley se negocia.

6. La reacción del sector más duro de las fuerzas armadas es por todo ello significativa del desastre del gobierno. Una de las plumas verdeolivo, refiriéndose lo mismo al 9 de febrero que a la posibilidad de que el caso Elorriaga se resolviese por la vía de la apelación o del sobreseimiento, escribió que una vez más tras la orden había venido la contraorden e, indefectiblemente, el desorden, para terminar haciendo de hecho un llamado a la represión, al advertir a quienes se preocupan porque México se incendie, que no teman ``que para eso hay bomberos'' (El Financiero, 8 de mayo).

7. En un país donde no existe un estado de derecho sino un sistema de simulaciones, y en donde no hay una dirigencia política que acepte la necesidad del cambio democrático, las cosas no podrían ser de otra manera: no puede vivirse más que en un caos institucional. El hecho de que el gobierno esté armando a grupos paramilitares del PRI o ``guardias verdes'' en diversos municipios chiapanecos como el de Chilón, es en este sentido otra evidencia del desastre oficial.

8. México se halla más que nunca al margen de la legalidad, y Zedillo y los miembros del grupo salinista en el poder actúan como si los mexicanos no entendieran que ellos constituyen el primer factor de la inestabilidad y de la corrupción. Al ver a Zedillo y a Lozano Gracia encubrir los crímenes de Córdoba y Salinas, los mexicanos los perciben a ellos como una asociación criminal, como el sustento mismo de la ilegalidad: la simulación no funciona.

9. Los mexicanos demandan cada vez más otro régimen político, pero éste sólo puede llegar pacíficamente si el gobierno no abandona las políticas de la imposición y la simulación y acepta la necesidad de que se transite a un real estado de derecho. Zedillo está sin embargo entrampado en su propaganda y, al pretender subordinar lo político a las exigencias económicas neoliberales, y buscar engañar a todos sobre todo, no hace sino ahondar el desastre.

10. La paz en Chiapas no llegará por lo mismo si el gobierno no abandona la opción de la violencia y empieza a negociar en serio con el EZLN para construir un estado de derecho. Zedillo y sus amigos deben definir si van a seguir en la vía de la simulación.