En el contexto de una oleada de xenofobia y de una determinación aislacionista en Estados Unidos, los sectores de ultraderecha y los círculos racistas de ese país han encontrado una nueva forma de atentar contra las buenas relaciones bilaterales con México: hacer blanco de ataques y amenazas al consulado de nuestro país en Los Angeles, acciones que han trascendido a la opinión pública en días recientes.

En forma por demás irresponsable, el gobernador del estado de California, Pete Wilson, ha dado un aliento político a tales acciones ilegales, al acusar a ese y a otros consulados mexicanos de quebrantar las leyes estadunidenses. Con una total ignorancia de la Convención de Viena y los acuerdos bilaterales sobre representaciones diplomáticas y consulares, pero con pleno conocimiento de la circunstancia y las posibles consecuencias de sus palabras, Wilson reclamó que los consulados de nuestro país den protección y asesoría ``a violadores de leyes que causan accidentes en las carreteras'', en referencia a la asistencia legal prestada por la representación mexicana en Los Angeles a los inmigrantes agredidos en Riverside por la policía de ese condado.

Tal acusación, formulada en momentos en que tenía lugar, en la capital de nuestro país, una reunión de la Comisión Binacional, apuntaba a socavar el encuentro para crearle una situación difícil al presidente Bill Clinton. Pero además, el ataque de Wilson busca alentar a los grupos ultraderchistas, xenófobos y racistas, a emprender ataques contra nuestras representaciones en el país vecino.

La actitud del gobernador californiano obliga a recordar la crisis de los rehenes que se desató en Teherán en 1979. Formalmente, el régimen iraní no tuvo participación en el asunto; simplemente azuzó verbalmente contra Estados Unidos a grupos de estudiantes, y éstos tomaron por asalto la embajada de Washington en la capital de Irán.

En prevención de eventuales ataques, el consulado mexicano en Los Angeles se ha visto obligado a reforzar sus medidas de seguridad. Cabe hacer votos porque no ocurran más incidentes y cesen las amenazas. Pero si se produjera una nueva agresión o los amagos continuaran, el gobernador de California tendrá una parte de la responsabilidad.