Me parece grave, preocupante, la decisión de sentenciar a Elorriaga y a Entzin acusados de participar en las filas del zapatismopor el delito de terrorismo, cargo que se les imputa sin prueba alguna desde su detención en febrero de 1995. Es grave porque el juez entiende por terrorismo actividades que no lo son, pero que interpreta de manera amañada; preocupante porque esa lectura de la ley es una amenaza contra las libertades públicas cuando más falta hace trabajar por su cumplimiento.

En fin, la condena a 13 y 6 años de prisión de los presuntos zapatistas contradice la verdad elemental, pues nadie ha demostrado que los inculpados efectivamente participaran en actos delictivos de esa naturaleza. Pero además, y esto es lo peor, se contrapone en todo y por todo al esfuerzo que la sociedad mexicana, zapatista y gobierno, viene realizando para hallar una solución política al conflicto chiapaneco en el marco de la ley que fue emitida con ese propósito.

Una vez más la decisión de ``alguien'', en este caso del autónomo juez Alcántara, pone en riesgo la paz. En nombre de la independencia del poder judicial vaya forma de ejercerla e impartir la justicia se atenta contra la convivencia general. La conclusión del proceso, ya lo hemos visto, consiguió en horas envenenar el ambiente y devolvernos al clima de incertidumbre, desconfianza y temor que el diálogo, a pesar de sus dificultades, comenzaba a disipar.

Aunque difícilmente se pueden entender las razones del juez Alcántara para incurrir en una aberración jurídica que ensombrece más aún el incierto panorama nacional, es obvio que su decisión refleja que, por la paz, no están ``todos los que son'' y que muchos de los que hoy faltan siguen actuando para evitar, justamente, una solución política, legal y pacífica.

Por eso es tan importante que todas las partes, los zapatistas y el gobierno en primer lugar, pero también la sociedad, los medios de comunicación, cada ciudadano, hagan su mejor esfuerzo para desescalar las consecuencias de esta grave pifia judicial y política.

No sirve para nada erizar aún más el estado de ánimo ni ayuda mantener en el mismo tono la polarización de los últimos días. Hay que bajarle espesor al ruido de los tambores que con el pretexto de la paz anuncian guerra. Zapatistas y gobierno suscribieron una serie de compromisos en San Miguel que son el marco más adecuado para enfrentar situaciones como las actuales. Cabe esperar que, antes de tomar cualquier decisión precipitada, sean tomados en cuenta esos principios y que a la mayor brevedad posible se busque una solución apropiada que rectifique la sentencia dictada por el juez.

La declaración emitida el martes por la Secretaría de Gobernación y la Cocopa, así como las palabras del procurador Lozano Gracia en torno a una posible amnistía, deben considerarse como pasos adelante en la dirección correcta, los cuales tendrán que expresarse en una propuesta concreta para finiquitar este caso. No hay vuelta de hoja: si Elorriaga y Entzin son inocentes debe procederse de inmediato a liberarlos.

Entretanto el diálogo debe continuar. Sería un gravísimo error romper el único instrumento que tenemos a nuestra disposición para alejar el fantasma de la guerra. Nada le serviría tanto a los adversarios de la paz como una decisión irreflexiva contra el esfuerzo que gobierno y zapatistas realizan en San Andrés.