Hace no mucho tiempo, los reportes sobre actividades ilícitas se difundían con grandes titulares en las secciones de nota roja de los medios de comunicación. Hoy, cada vez con mayor frecuencia, se publican en las secciones de información económica o política.

En este contexto, el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano se ha vuelto un tema recurrente que, en apariencia, tensiona las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos e involucra -en el ataque y la defensa- a sus más altos funcionarios judiciales, diplomáticos, financieros y políticos.

En resúmen, las denuncias estadunidense indican que el moderno sistema financiero mexicano, concebido y puesto en marcha en el sexenio salinista, se habría convertido en la mayor lavandería del continente Americano, una vez que en junio de 1991 comenzó el proceso reprivatizador de las sociedades nacionales de crédito y se consolidó el esquema de grupos financieros (bancos, casas de bolsa, casas de cambio, arrendadoras, aseguradoras y empresas de factoraje).

De acuerdo con una versión del Departamento de Estado, difundida en marzo de este año, en el sistema financiera mexicano se lavarían, cada año, no menos de 30 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, cifra equivalente al 14 por ciento del producto interno bruto mexicano, o, si se prefiere, a 2.3 veces el monto de recursos públicos que el gobierno mexicano destinó en 1995 al saneamiento de la banca mexicana.

Pero los dirigentes bancarios y empresariales, así como el procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, y el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, entre otros, sólo hicieron público su malestar por las recientes declaraciones de funcionarios de la DEA ante el Comité de Banca y Finanzas del Congreso de Estados Unidos.

De hecho, los comentarios que ante esa representación hicieron el director general de la DEA, Thomas A. Constantine, y su jefe de Operaciones, Harold D. Wanke, sólo retomaron los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia en la fecha que se indica, en el sentido de que la vencindad, la ``corrupción endémica'' y los endebles controles legales para regular las transacciones en dólares en el sistema financiero mexicano, resultan ``la combinación perfecta'' para que México sea el número uno del contienente en materia de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Las autoridades mexicanas exigen pruebas, nombres, fechas y montos del blanque, pero tanto la DEA como el Departamento de Justicia sostienen que ambos gobiernos ``trabajan conjuntamente'' en este renglón, a grado tal que en 1995 la Secretaría de Hacienda habría proporcionado a los organismos antidroga de Estados Unidos información sobre siete casos ``relevantes'' de lavado de dinero en México. El gobierno estadunidense habría hecho lo propio y brindado a México los expedientes de cinco casos similares en la nación vecina.

Ese mismo año,, los funcionarios de la SHCP encargados de documentar el lavado de dinero integraron once investigaciones en México sobre el particular, mismas que fueron entregadas a la Procuraduría General de la República. A su vez, la PGR colaboró con la DEA en varias investigaciones importantes en el mismo año.

En su testimonio ante el dicho Comité Constantine y Wanke sostuvieron que el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano afecta a los dos países, pues México regresa más excedente de dinero a Estados Unidos que cualquier otro nación.

Sobre la participación de capos del narcotráfico en los consejos de administración de las instituciones financieras, basta recodar el caso del consejo regional del otrora Banco Mexicano Somex, en el que participa abiertamente Miguel Angel Félix Gallardo, hoy hospedado en Almoloya.

Además, los funcionarios de la DEA señalaron también que la oposición más fuerte a la aprobación de una ley contra el lavado de dinero enm México ``proviene de los bancos e instituciones financieras (que forman parte) de la unida comunidad (empresarial) interna que ha controlado la vasta mayoría de negocios en México por años...''.

México, dicen, ``sirve cada vez más como un embudo para los traficantes sudamericanos de la droga, al enviar hacia el sur las ganancias generadas en Estados Unidos y Canadá''.

En este proceso también participan ampliamente muchas de las casas de cambio instaladas a lo largo de la frontera. ``Los depósitos en bancos mexicanos y otros instrumentos monetarios, como los establecimientos de apuesta, también son muy usados para justificar el movimiento de las ganancias de la droga de México de regreso a Estados Unidos''.

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Carlos Fernández-Vega