Hay que endurecer las sanciones, insiste David Garay en foro sobre seguridad pública

Alonso Urrutia y Miriam Posada En México, la impunidad no es una excepción sino que se ha convertido en regla, y en el caso del delito de robo, el 90 por ciento de quienes lo cometen queda sin castigo, afirmó el presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, Luis Rodríguez Manzanera, durante el Foro Nacional de Seguridad Pública, organizado por el panismo capitalino.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, David Garay Maldonado, sostuvo que ante el crecimiento de la delincuencia, sociedad y gobierno deben buscar formas de endurecer las sanciones para inhibir las conductas ilícitas, pero sin llegar a un nivel en que estas medidas lleguen a cuestionar la validez del sistema político calificándolo de autoritario.

Durante los trabajos del foro, el director de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Luis Rivera Montes de Oca, informó que en la actualidad 25 mil menores de edad están recluidos en consejos tutelares y que la dependencia ``está convencida'' de la necesidad de introducir reformas legales que disminuyan la edad penal de 18 a 16 años.

A su vez, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría capitalina, Alejandro Díaz de León, consideró que de saturarse los reclusorios como efecto de las reformas legales ``sencillamente haríamos más cárceles. Es momento en que debe priorizarse el presupuesto para la procuración y administración de justicia''.

En su intervención, Rodríguez Manzanera sostuvo que derivada de las inconsistencias en los programas de gobierno, la inestabilidad de funcionarios y la ``esquizofrenia'' del marco jurídico mexicano, la impunidad se ha convertido en una regla general en nuestro país.

Agregó que si se considera la elevada ``cifra negra'' que constituyen los delitos no denunciados y los 600 ilícitos que diariamente registra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se puede hablar de que quien delinque tiene enormes posibilidades de no ser sancionado.

Sostuvo que México es el mejor ejemplo de la dispersión jurídica debido a la gran cantidad de códigos penales que existen. En este sentido -y en alusión a la edad penal- señaló que en el país hay una ``esquizofrenia jurídica'' pues de entrada, en la mitad del territorio los jóvenes aún no razonan los delitos desde la perspectiva del delito federal, pero pueden ser castigados a partir del delito común o bien pueden pasar de ser delincuentes en un estado a inimputables en otro.

Al abundar sobre las reformas legales promovidas para combatir el crimen organizado, Rodríguez Manzanera afirmó que ``éstas terminarán por reventar el aparato de justicia y la capacidad del sistema penitenciario''.

Indicó que no se puede hablar de querer instaurar la justicia penal sin alcanzar una justicia social. ``Se debe considerar la política criminológica integrada al marco de la política social, pues si no acabaríamos haciendo política policial que llevaría a la represión''.

Destacó que la inseguridad pública en México, se plantea como un problema de política criminológica, por lo que opinó que ésta se debe concebir como una política de prevención y además como un instrumento de cambio social.

Escasa capacitación policiaca

El secretario de Seguridad Pública, David Garay, señaló que la falta de recursos, el rezago en armamento, la ineficiencia en la capacitación y la crisis económica han sido factores detonantes del fenómeno delictivo. Sin embargo, dijo que el interés creciente de los sectores por enfrentar la criminalidad, no puede conducir a la politización e ideologización de la seguridad pública, porque ello no contribuiría a resolver el problema.

Al referirse a la capacitación señaló que la preparación de un policía mexicano es en promedio de seis meses, ``mientras que en países de Primer Mundo es de dos años y medio, y en Alemania alcanza hasta los seis años''.

Subrayó que en el combate a la delincuencia se ha enfatizado en la defensa de los derechos humanos de los delincuentes, dejando de lado los de la víctima y de la sociedad, pese a que hay delitos que la agravian severamente. En este sentido sostuvo que es necesario endurecer las penas y los castigos para evitar la impunidad de los delincuentes, sin llegar al autoritarismo.

Garay Maldonado mencionó que es posible que en la actualidad los centros de readaptación social no cumplan cabalmente con su función, pero ``por lo menos sí permiten castigar a quienes han cometido un delito''.

Hay 25 mil menores en consejos tutelares

Luis Rivera Montes de Oca, director de Prevención y Readaptación Social, señaló que en las cárceles de todo el país hay 93 mil adultos y 25 mil menores de edad en consejos tutelares.

Destacó que el fenómeno delictivo y las conductas infractoras se han incrementado, entre otros factores por el deterioro de las condiciones económicas, la inestabilidad laboral y la desintegración familiar, por lo que planteó la necesidad de reformar procedimientos legales de sanción.

El funcionario de Gobernación informó que hasta 1994, se empezó a considerar la necesidad de prevenir el delito, ``importancia que le habíamos negado y que se tradujo en altos índices de inseguridad''.

Advirtió que si no se le concede importancia y atención a las medidas de prevención delincuencial, las agencias del Ministerio Público continuarán archivando expedientes, la Policía Judicial dejará inconclusas las órdenes de investigación y no habrá suficiente espacio en las cárceles para albergar a la delincuencia ocasional y organizada.

José Antonio Ortega Sánchez, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, expuso en su oportunidad que para combatir la corrupción en las instituciones de seguridad pública es indispensable la profesionalización de los cuerpos policiacos, una estricta selección y la integración ciudadana.

Finalmente, el procurador general de Justicia de Baja California, José Luis Anaya Bautista, dijo que el combate a la corrupción y a la impunidad debe ser tarea de la ``política criminal'', de una sociedad consciente y de una revisión profunda de los mecanismos de aplicación de sanciones penales.