En menos de una semana se manifestaron los semblantes de la relación México-Estados Unidos. El sábado, en Zacatecas, los parlamentarios de ambos países se dieron un feroz agarrón. Los nuestros tacharon de ``soberbios'' a los estadunidenses que soltaron sus verdades sin ningún miramiento. El lunes, en la capital, durante la reunión binacional los funcionarios expusieron sus posiciones con la suave cadencia del protocolo diplomático.

En torno a la migración mexicana los estadunidenses nos dijeron, con arrogancias o buenos modos, que no modificarán la creciente dureza de sus leyes migratorias. Reitero lo que escribí hace algunas semanas: en Estados Unidos están decididos a regular el flujo de personas a su territorio y ello está modificando la naturaleza abierta que había tenido la frontera.

La dureza estadunidense no es nueva. Siempre han visto a la migración como un tema interno en el que actúan unilateralmente. A lo largo de este siglo han abierto o cerrado las fronteras de acuerdo a sus necesidades y prestando una atención mínima a la opinión mexicana.

Han podido hacerlo porque, con algunas excepciones, el gobierno mexicano ha carecido de la fuerza o del interés que hacen falta para defender a los migrantes mexicanos. Es obvio que no estoy pensando en esos discursos que, rebosantes de humanismo, han defendido siempre los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Me refiero a la defensa cotidiana y efectiva en los caminos, las fábricas y los centros de detención de Estados Unidos, y de México.

La inacción del gobierno mexicano viene, al menos en parte, de los beneficios que trae esta migración que reduce la presión sobre la economía y la política, que significa el ingreso de miles de millones de dólares y que ha saciado la sed extorsionadora de miles de autoridades menores. Además de ello, durante mucho tiempo los migrantes fueron un grupo vulnerable con pocos defensores (lo que afortunadamente ha ido cambiando).

La dureza y la soberbia de Washington también se debe a que no toman en serio el humanismo o el nacionalismo oficial mexicano. En Zacatecas dijeron no entender el enojo mexicano, ya que nuestro país tiene una legislación migratoria mucho más estricta que, en ocasiones, ha sido puesta al servicio de Estados Unidos.

El presidente de la delegación estadunidense, Jim Kolbe, les recordó que, a petición de Estados Unidos, la Armada de México interceptó barcos repletos de chinos en las costas de Baja California para que Migración los procesara y deportara sumariamente a China. El gobierno de Estados Unidos, agregaron, asumió todos los costos de esa operación.

Según la crónica de Mireya Cuéllar e Ismael Romero (La Jornada, 5 de mayo), mientras Kolbe platicaba, ``Humberto Roque Villanueva y el senador José Luis Soberanis se removían en su asientos''. Comprendo su incomodidad porque es irritante enterarse de que hay autoridades que actúan como empleados de Estados Unidos.

La colaboración encubierta no es nueva. En febrero de 1989 el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) inició un operativo para frenar centroamericanos que iban a Texas. Existen memorandos internos del SIN que demuestran la colaboración mexicana: en Veracruz, el SIN se ``reunió con el delegado regional de Migración que es 110 por ciento efectivo... y que... prometió cooperar''; en Matamoros el ``subdelegado estuvo muy dispuesto a cooperar''; y en la ciudad de México el SIN capacitaba a ``sus contrapartes mexicanas en la detección de documentos falsos''.

Un mes después de estos memorandos (marzo de 1989) Relaciones Exteriores declaraba públicamente que ``no existe ningún acuerdo diplomático entre México y Estados Unidos en que se estipule cooperación entre la policía mexicana y el Servicio de Inmigración y Naturalización para prevenir a inmigrantes ilegales que entren a territorio estadunidense''. Ignorancia o encubrimiento?Estados Unidos seguirá endureciendo su política migratoria y ello incrementará el costo pagado por los mexicanos que seguirán intentando cruzar. Parece necesario que el gobierno corrija sus incongruencias y demuestre su compromiso con los mexicanos.

El problema es de tal magnitud que es indispensable la coordinación entre las autoridades y las ONG que protegen a los migrantes, el respeto a los derechos de los extranjeros que llegan a México, y el final de cualquier colaboración clandestina. De esa manera, el discurso oficial tendrá la congruencia de que carece, lo que seguramente mejorará nuestra posición negociadora ante Estados Unidos. Si no tenemos su fuerza, al menos tengamos la autoridad moral para criticarlos.