Es cierto que cuando se promulgó la ley especial para la pacificación de Chiapas, el proceso en contra de Javier Elorriaga y sus compañeros, acusados de varios delitos, todos relacionados con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya estaba iniciado; pero de ese hecho no se desprende que la citada ley no pudiera beneficiar a los procesados.

El principio jurídico dice que no se puede aplicar retroactivamente una ley, en perjuicio de persona alguna, pero en este caso se hubiera tratado de la aplicación retroactiva en beneficio de los acusados.

Haber continuado el proceso simultáneamente con las pláticas de paz, es indudablemente una actitud ambigua del gobierno, que por un lado trata a los procesados Elorriaga, Entzin y los otros como simples transgresores de la ley; pero por otro, se sienta en la mesa con los que él considera, y quizás lo sean, compañeros y correligionarios de sus prisioneros.

Al gobernador Absalón Castellanos, los zapatistas lo liberaron cuando cayó éste en sus manos y lo cierto es que hasta donde es posible en una situación extrema, como es en la que se encuentran, han jugado limpio y han puesto desde el principio sus condiciones para el diálogo y posteriormente para la paz definitiva, en el tapete de las discusiones.

Ha sido más bien el gobierno el que ha dado ya en varias ocasiones signos de que usa un doble juego; por una parte, quiere la paz, promulga una ley para alcanzarla, crea una comisión ad-hoc para dialogar con los inconformes alzados en armas, crea otra comisión integrada por legisladores de diversos partidos, para participar en las pláticas de paz, pero aumenta sin cesar sus efectivos de guerra en la zona, estrecha el cerco y hace gala de fuerza importando vehículos blindados y aviones de combate.

Cuando detuvieron a los ahora sentenciados, se hicieron severas críticas a la forma violenta de la detención, violatoria de garantías individuales y a las pifias de la Procuraduría General de la República que denominó arsenal a unas cuantas armas de bajo calibre que dijo haber encontrado en poder de los ``conspiradores''.

Después, cuando la Procuraduría presentó el rostro sin máscara de quien dijeron que era el subcomandante Marcos, volvió a caer la cubetada de agua fría de la burla o al menos la sonrisa escéptica de quienes vimos en televisión la ``sensacional'' revelación, preparada en forma teatral, pero poco profesional y nada efectiva.Nuevamente la Procuraduría resbala en el jabonoso piso de las explicaciones y las justificaciones. Si hubieran querido, se desisten de la acción penal contra Elorriaga y los demás, con base en la ley especial para la pacificación de Chiapas, hubiera sido una actitud aplaudida por todos, congruente con la intención pacificadora y mucho más política que echar encima de los presos la lápida de una sentencia de largos años de cárcel. Hubiera sido también una acción perfectamente legal, puesto que si hay pláticas de paz y una ley que las reconoce y que reconoce una personalidad jurídica a los zapatistas, malamente podría continuarse un proceso contra unas personas, acusadas precisamente de pertenecer al grupo con el que se dialoga y al que se le reconoce razón.

El juez de distrito cumplió su función; dictó, mal o bien, la sentencia que tenía que dictar y ésta será revisada por el tribunal unitario al que le corresponda conocer en segunda instancia. La situación se dificultó, pero todavía tiene salidas; una de ellas puede ser el indulto presidencial, que será el reconocimiento tácito del error de la Procuraduría; otra, que el tribunal revisor de la sentencia, la revoque; otras más, que dentro de las pláticas de paz se promueva una amnistía ante el Congreso Federal.

Lo que no se puede hacer es seguir el doble juego de hablar de paz y al mismo tiempo preparar la guerra con cercos, compras de armamento y procesos penales.