En la actual circunstancia chiapaneca de tensiones y enconos no será una tarea fácil mantener el estado de paz provisional. Lograr una pacificación de fondo, basada en la justicia, la dignidad y la solución de problemas políticos, económicos y sociales que vienen arrastrándose desde hace muchos años, décadas o siglos, será incluso más arduo, y requerirá de grandes esfuerzos políticos de todas las partes involucradas en cualquier sentido en el conflicto. Pero desactivar un eventual estallido de violencia sería muchísimo más difícil que preservar la precaria paz actual.

La guerra es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo con el sufrimiento y la muerte; mientras mayores son éstos, más se extiende y profundiza la confrontación. Detener una guerra puede tomar una década, como en El Salvador, o tres, como en Guatemala. Borrar las secuelas de un conflicto armado puede llevar medio siglo, como lo saben los europeos.

Es de suma importancia, por ello, que el gobierno federal y la dirigencia del Ejército Zapatista reflexionen sobre el hecho de que la paz más insatisfactoria es mejor que cualquier conflicto. Con todo y sus altibajos, con todos los agravios registrados, el proceso de diálogo que tiene lugar en San Andrés Larráinzar debe ser preservado y llevado a una culminación aceptable para las partes.

En lo inmediato, al gobierno le corresponde encontrar una salida legal a la tensión generada por la condena en contra de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, una condena que, apegada a derecho o no, introdujo una grave contradicción en la actitud gubernamental hacia los zapatistas.

Un importante primer paso para resolver la situación creada fue la declaración conjunta formulada ayer por la Secretaría de Gobernación y la Cocopa, en la cual se reitera la descripción del EZLN como ``una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas'', que implícitamente descarta cualquier caracterización de los rebeldes como ``terroristas'' que es uno de los cargos por los que el juez Juan Alcántara sentenció a Elorriaga y a Entzin a quienes se señala como pertenecientes al Ejército Zapatista a 13 y seis años de prisión, respectivamente. Es de esperar que la dirigencia rebelde acuse recibo de esta declaración conjunta y deponga, a su vez, la actitud de indignación y alarma con que respondió al fallo judicial mencionado, y se abstenga de emprender acciones que podrían dar lugar a enfrentamientos con las fuerzas regulares.

En un sentido más amplio, es necesario que todos los actores del complejo escenario chiapaneco aporten su esfuerzo político y su tolerancia para mantener la paz y evitar la muerte y la destrucción. Y ello involucra, además de los gobiernos federal y estatal, el Ejército Mexicano, los rebeldes y las instancias mediadoras, a las estructuras y las bases locales de los partidos políticos, a las organizaciones campesinas, a las iglesias, a los grupos de poder estatales, a los empresarios, a los ganaderos y a las diversas instancias del Poder Judicial. La guerra en Chiapas no debe tener lugar.