Sienta las bases para superar pobreza y marginación sociopolítica

David Aponte El gobierno de Guatemala y la comandancia general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron ayer el acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual fue calificado como uno de los pasos más importantes en el proceso de pacificación. El contenido sienta las bases para el desarrollo de la nación y con ello se supere la situación de pobreza, discriminación y marginación social y política.

El secretario general adjunto de Naciones Unidas, Marrack Goulding, y los representantes de los países que integran el Grupo de Amigos consideraron que el hecho representa un ``importante y significativo avance en la construcción de la paz'' en ese país centroamericano.

José Angel Gurría, Rigoberta Menchú y Gustavo
Porras, en la firma de acuerdos socio-económicos
dentro del proceso de paz guatemalteco.
Foto: Víctor Mendiola

Vía telefónica, el presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, dijo que las partes ofrecen una ``esperanza'' al pueblo guatemalteco con la firma de un acuerdo político ``serio y responsable''. Asimismo, abren la posibilidad de que la Comisión de Paz gubernamental (Copaz), y la URNG lleguen a un acuerdo definitivo de paz en el transcurso de 1996.

Por separado, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, coincidió con el mandatario guatemalteco: "esto es lo más importante, y va a ser crucial para el tratamiento de los siguientes temas y la firma definitiva de la paz. Nos da una verdadera esperanza, y ojalá y todas las partes estén en disposición de cumplir".

Durante la ceremonia protocolaria, realizada en la Sala Magna de la Cancillería mexicana, el gobierno de Guatemala y la comandancia de la guerrilla expusieron que el nuevo acuerdo resulta de un largo proceso de negociación entre las partes, que inició en abril de 1995, y constituye la conclusión de una etapa más en el camino para alcanzar un acuerdo de paz firme, justa y duradera.

En su intervención, el coordinador de la representación gubernamental, Gustavo Porras Castrejón, expresó que el acuerdo forma parte de un proceso que ``cierra heridas'' y ofrece la posibilidad de que todos y cada uno de los guatemaltecos reconstruyan su nación y proyecten el desarrollo económico y social de sus familias.

El acuerdo no representa una ``concesión'', porque el Estado tiene la obligación de garantizar una vida en libertad, paz y desarrollo integral de la persona. "Debemos superar viejos agravios, para trabajar unidos", agregó.

Ante representantes de los países que integran el Grupo de Amigos, miembros de la sociedad civil guatemalteca y del cuerpo diplomático acreditado en México, el comandante rebelde Pablo Monsanto dijo que las partes lograron concretar, con una visión de conjunto y de convergencia, un punto de partida para la solución de la problemática social, económica y agraria que por sus dimensiones dio origen a la guerra iniciada hace 36 años en Guatemala.

En estos momentos, "un esfuerzo de negociación tan grande no puede quedarse sólo en un documento. Sería indigno pretenderlo, y absurdo proponérselo. El cumplimiento de este acuerdo es vital para garantizar la paz, y la participación de todos en su construcción nos dará una nueva Guatemala. Hay muchos retos y dificultades que vencer, pero hay también un gran espacio para crecer", agregó.

Al concluir el evento, el canciller mexicano José Angel Gurría consideró que realmente se trataba de un ``acontecimiento histórico''. El subsecretario de Asuntos Bilaterales, Juan Rebolledo, secundó: ``Este es el corazón del acuerdo de paz definitivo''.

Hasta el momento, el gobierno y la guerrilla guatemalteca han firmado acuerdos sobre el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. De los temas que restan destacan el papel del ejército en la sociedad, la desmovilización de la URNG y el acuerdo definitivo.

El nuevo acuerdo busca que todas las fuerzas sociales y políticas de Guatemala afronten en forma solidaria y responsable las tareas de lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios; intenta evitar procesos de exclusión socioeconómica tales como el desempleo y el empobrecimiento y fija un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto a una tasa no menor al seis por ciento anual.

El documento contiene apartados sobre democratización y desarrollo participativo, papel de la mujer, desarrollo social, educación y capacitación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, situación agraria y desarrollo rural, acceso a la tierra, protección laboral y ambiental, modernización de la administración pública y política fiscal, entre otros.

En rueda de prensa, el representante gubernamental, Gustavo Porras, explicó que para poner en marcha el convenio no es necesaria reforma alguna a la Constitución guatemalteca, y añadió que el gobierno asume el compromiso de iniciar de manera inmediata los trabajos de planificación.