No intervendrá la PGR en el caso Aguas Blancas; es asunto local, dice

Juan Manuel Venegas La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó hacerse cargo de la investigación del caso Aguas Blancas, pues consideró que no se cometieron delitos federales en el homicidio de 17 campesinos el 28 de junio de 1995.

La PGR tomó esta decisión luego de analizar el expediente completo de los hechos (que incluye los dictámenes periciales solicitados por los ministros de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y concluyó que se trata de ``delitos del fuero común'' que corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

Esta determinación de la Procuraduría ocurre apenas tres días después de que su titular, Fernando Antonio Lozano Gracia, solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitiera a ``diversos funcionarios de la PGR'' analizar el expediente completo de la investigación que realizaron los ministros Juventino Castro y Humberto Román Palacios.

Con esta solicitud, el procurador pretendía contar con ``los elementos de juicio suficientes que permitieran determinar si la PGR es competente para intervenir'' en la investigación de los hechos del 28 de junio del año pasado, cuando un grupo de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigía a un mitin al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.En el trayecto, los campesinos fueron interceptados en el vado de Aguas Blancas por efectivos de las corporaciones policiacas de Guerrero, quienes abrieron fuego en contra de los manifestantes, con el resultado de 17 campesinos muertos.

Tras una investigación del fiscal Oscar Varela Vidales nombrado por las autoridades de Guerrero, que exculpó a las autoridades locales, el presidente Ernesto Zedillo solicitó a la SCJN reabrir el caso y deslindar responsabilidades.

Luego de tres semanas de una investigación que tuvieron a su cargo los ministros Castro y Román Palacios, éstos concluyeron que en el caso de Aguas Blancas se manipularon las pruebas, se alteró la escena del crimen y ``se sembraron'' armas en las manos de los campesinos, con el propósito de simular que ellos ``habían iniciado un enfrentamiento''.

El lunes 29 de abril, la PGR conoció el dictamen de la Suprema Corte, y el viernes 3 de mayo, el procurador Lozano Gracia solicitó tener acceso a todo el expediente de la investigación de los ministros, con el fin de determinar si existía competencia de la PGR en el caso.

Ayer, finalmente, la PGR emitió un comunicado oficial en el que precisó: ``Del estudio practicado por esta institución, no se desprende delito federal alguno, por lo que la PGR no es competente en este caso''.No causó sorpresa el comunicado. Desde el viernes 3 de mayo, precisamente cuando Lozano pedía tener acceso al expediente completo, adelantó que por lo que se conocía del dictamen, tras su análisis, no se encontraban delitos federales qué perseguir.

Asimismo, se recordará que desde que ocurrieron los hechos en Aguas Blancas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia formal en contra del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y otros funcionarios del gobierno de Guerrero, por la presunta comisión de los delitos federales de genocidio y utilización de armas de uso exclusivo del Ejército por parte de policías municipales y estatales de Guerrero. El PRD pidió que la PGR ejerciera su facultad de atracción de las pesquisas. La denuncia perredista no encontró eco.

Respecto a la decisión de la PGR de no intervenir en el caso, su comunicado dice lo siguiente:``En relación a la resolución emitida sobre el caso Aguas Blancas por los ministros comisionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al caso Aguas Blancas (sic) y de la cual fue notificada esta institución, la Procuraduría General de la República informa: ``Una vez que fue recibida la resolución mencionada, se procedió a realizar el estudio del expediente integrado con motivo de la investigación efectuada por la SCJN.

``Se revisó el siguiente material probatorio: averiguación previa TAB/1/3208/95; la declaración de María de la Luz Núñez Ramos ante la Fiscalía Especial del caso; los autos de formal prisión de las causas penales 82-2/95, 3-2/96 y 3-2/96 bis; el recurso de apelación y juicios de amparo interpuestos; las copias de las causas penales 82-2/95, 3-2/96 y 3-2/96 bis; la recomendación y expediente formado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; dictámenes periciales solicitados por los Ministros de la Comisión Investigadora de la SCJN, y diversos audiocasetes, videocasetes y fotografías.

``Del estudio practicado por esta institución no se desprende delito federal alguno, por lo que la Procuraduría General de la República no es competente en este caso.

``Por lo anterior, el estudio completo realizado por personal de esta institución será turnado a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, que es la autoridad competente para conocer de los delitos del fuero común''.