El ambiente político de Chiapas se ha agravado significativamente en los últimos días. En ámbitos distintos, los cruentos sucesos ocurridos en el municipio de Chilón y las implicaciones y secuelas de la sentencia contra Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin enrarecen y tensan a grados peligrosos la situación en esa entidad.

La violencia que la banda armada de Los chinchulines causó en Bachajón, y que ha dejado un saldo de varios muertos y heridos, además de varias casas incendiadas, es representativa del grado de polarización y encono que priva en diversas comunidades chiapanecas San Juan Chamula es otro ejemplo de ello y que significa un permanente factor de desestabilización. En Chiapas, los conflictos de origen agrario, religioso o político se expresan solos o combinados en situaciones de gran tirantez, que dividen a las poblaciones y llevan las cosas hasta la antesala de la violencia o, como en Bachajón, hasta la violencia misma.

La desatención a tales problemas por parte de las autoridades estatales constituye un factor que agrava los conflictos. En el caso de Chilón, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro documenta las denuncias de los campesinos de Bachajón en contra de Los chinchulines y la falta de respuesta de las instituciones.

Estos focos de violencia son tan inquietantes como la posibilidad de una reactivación del conflicto entre el EZLN y el Ejército Mexicano. A pesar de los obstáculos de forma, fondo y ambiente que enfrentan las negociaciones de San Andrés Larráinzar, éstas han mantenido a raya tal posibilidad. Además, a diferencia de lo que ocurre entre los rebeldes zapatistas y el gobierno federal, en las confrontaciones locales como la de Bachajón los bandos son menos definidos y no existen estructuras de mediación ni interlocutores reconocidos. Al conflicto que se originó con la rebelión del primero de enero de 1994, y que hasta ahora se mantiene en los cauces de las conversaciones, deben sumarse otros riesgos, de escala menor, que no han sido encauzados, y que requieren de una atención urgente por parte de las instituciones estatales y federales para impedir que se repitan y generalicen.

En este escenario, no deben menospreciarse las dificultades que enfrentan las pláticas entre el gobierno y los zapatistas. La última de ellas es la condena dictada por un juez federal en contra de Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin, por su presunta pertenencia al EZLN. Al margen de si tal resolución es justa o no, el hecho de que se les haya encontrado culpables de terrorismo obliga a preguntarse si esta calificación, aplicada al conjunto de los zapatistas, no introduce un elemento de incongruencia en la participación gubernamental en las conversaciones de San Andrés. La dirigencia rebelde ha manifestado ya su incomodidad ante esta situación, advirtió la posibilidad de interrumpir las pláticas y afirmó que la condena mencionada cierra las posibilidades de reinserción de los rebeldes en la vida civil. La respuesta de la Secretaría de Gobernación al comunicado zapatista ubica la sentencia en el contexto de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, pero difícilmente despeja las reservas de los rebeldes.

Es deseable, por ello, que se busque y se aplique una salida legal a la situación de Elorriaga y Entzin, a fin de eliminar las interferencias que ha causado en el diálogo de pacificación. En cuanto a Bachajón, es urgente que el Ejecutivo estatal tome cartas en el asunto, adopte las medidas legales para procurar justicia y castigar a los responsables, desarticule al grupo de Los chinchulines y otros semejantes que actúan en la entidad, y garantice la vigencia del Estado de derecho.