Clase Política

La idea generalizada sostenía que el conflicto de Chiapas estaba prácticamente desactivado y que pronto se anunciarían acuerdos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Naciones (EZLN) que permitirían volver pronto a una situación casi normal si la puede haber en ese estado sureño. Pero no fue así. Ayer la situación estaba lista para el rompimiento.

El factor detonante fue la condena, por terrorismo y otros cargos, a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, supuestos militantes del EZLN aprehendidos bajo la acusación de preparar actos de violencia.La reacción del grupo armado de Chiapas fue tan violenta que inclusive se habló de la reanudación de las hostilidades, además de la inmediata ruptura de las negociaciones con la delegación gubernamental que encabeza Marco Antonio Bernal y que ha dialogado durante meses con los delegados zapatistas.También inmediata fue la respuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación del Poder Legislativo (Cocopa). Uno de sus integrantes, el perredista Heberto Castillo, renunció a ese organismo mientras que el resto de sus integrantes, luego de una sesión de trabajo, emitió una declaración en la que manifiesta su desacuerdo por las condenas a Elorriaga y Entzin.

Según los legisladores federales, de la condena a los dos inculpados se infiere que todos los militantes del EZLN son terroristas, calificativo con el cual no están de acuerdo.

Por intermedio de la Secretaría de Gobernación, la respuesta del gobierno federal fue enérgica: sostiene que Elorriaga y Entzin no están protegidos por las leyes de amnistía ni de pacificación, en virtud de que ya estaban sometidos a la jurisdicción de los tribunales judiciales, cuyos fallos son inatacables por el Ejecutivo.

Ante este panorama, es fácil llegar a la conclusión de que el país, o por lo menos Chiapas, está cerca de un nuevo estallido de violencia. Por supuesto, tal expectativa genera inquietud y temor generalizados.

Al examinarse la situación con más detenimiento, sólo se pueden hacer votos por que aquellos que creen en una solución negociada superen a los partidarios de la línea dura.

Como ocurrió desde el acuerdo inicial de cese al fuego, ni siquiera los más optimistas partidarios del EZLN creen que ese grupo armado pueda triunfar en una lucha armada. Por otro lado, la historia consigna varios ejemplos de que los grandes ejércitos tampoco logran victorias definitivas cuando se involucran en las llamadas ``guerras populares'', ya que siempre hay fracciones de los grupos insurrectos que logran escapar al exterminio y reaparecen ocasionalmente.

Otro tema para meditar

Como si se quisiera presentar ante la comisión del gobierno de Estados Unidos que participa en la reunión binacional un panorama completo de los problemas internos, además de las diferencias respecto al conflicto en Chiapas, ayer también se tomó una importante decisión sobre la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

La Procuraduría General de la República emitió ayer un comunicado en el que confirma los pronósticos de algunos conocedores acerca de que no ejercería sus facultades para atraer la investigación de ese violento suceso que provocó la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

``Del estudio practicado por esta institución no se desprende delito federal alguno, por lo que la PGR no es competente en este caso.

``Por lo anterior, el estudio completo realizado por personal de esta institución será turnado a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que es la autoridad competente para conocer de los delitos del fuero común'', dicen los párrafos centrales del breve comunicado.La declaración precisa que se llegó a esta determinación luego de recibir el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros expedientes relativos al caso.

En la práctica, la primera consecuencia de esta resolución es que se alejan las posibilidades de que Figueroa Alcocer reciba alguna sanción adicional a la virtual renuncia a su cargo. Inclusive podría ocurrir que se desechara la posibilidad de instaurarle juicio político, como han exigido algunos legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática.

Hay que tener en cuenta que el artículo 110 de la Constitución General de la República estipula que la sanción contra un gobernador encontrado culpable en un juicio político es la destitución de su cargo y la inhabilitación para desempeñar otros puestos en la administración pública. Como Figueroa Alcocer ya se separó del cargo, el juicio político sería ocioso.

Además, en caso de que el juicio lo entablara el Poder Legislativo Federal, su fallo sólo sería declarativo y la decisión final quedaría en manos del Congreso de Guerrero.

La Legislatura guerrerense ya emitió un dictamen: declaró libres de culpa al mandatario con licencia y a sus colaboradores involucrados en el caso Aguas Blancas.

La investigación de los dos magistrados comisionados por la SCJN aportó otros elementos sobre la matanza, pero aún se discute si abrir un nuevo juicio en el Congreso de Guerrero no contravendría el principio jurídico de que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

De resultar favorable la respuesta, el único camino sería la consignación del caso a un juez penal y aun así se tendría que analizar el referido principio del doble juicio, pero como ya se ha señalado con anterioridad, a partir del dictamen de la SCJN Figueroa y sus principales colaboradores no aparecen como presuntos responsables del delito de homicidio, que sería el más grave. Si se les acusara de otros ilícitos, como encubrimiento, primero un juez tendría que declararlos culpables y aún así difícilmente irían a prisión, pues podrían obtener la libertad bajo fianza.

Con base en esa declaración de la PGR se puede llegar a la conclusión de que, en todo caso, Figueroa recibiría un castigo adicional prácticamente simbólico. El mayor renunciar al cargo por el que tanto se esforzó ya se aplicó.