El 24 de abril llegó por correo a la casa del padre Camilo Daniel párroco de Anáhuac, Chihuahua, y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, (Cosyddhac) un anónimo que le decía: ``tenga cuidado con los hijos de María, porque corren peligro, especialmente el pequeñito, ya que piensan pedirle dinero por él''. La referencia es a quien por años ha sido secretaria de la parroquia y a sus dos hijos, Anita y Camilo Ricardo Soto Pérez.

El 28 de abril, en la madrugada, entro al patio de la casa parroquial una camioneta suburban de color azul marino, con vidrios oscuros, sin placas. La camioneta rondó despacio alrededor del patio sin motivo alguno, evidentemente para amedrentar. Afortunadamente el padre Camilo no estaba esa noche en su casa.

El 30 de abril deslizaron un sobre cerrado por debajo de la puerta de la oficina parroquial con un anónimo que dice textualmente: ``Sr. Camilo Daniel Pérez; le avisé del peligro de Mary y sus niños y no hizo caso. Escoja Cosyddhac o Camilito''.

El 29 de abril una caravana de 50 personas entre las que iban los campesinos de Nuevo Palanganas, instalaron un campamento en el poblado del que fueron brutal e injustificadamente despojados (me referí al caso en mi artículo del martes anterior), acompañados, en calidad de observadores, por miembros de diversas organizaciones, entre ellas el Frente Democrático Campesino y Cosyddhac, encabezada por el padre Camilo Daniel. Días antes se estuvo solicitando ayuda de diversas autoridades, entre ellas del gobernador del estado y del procurador de justicia del mismo, para revertir la injusticia cometida en contra de los campesinos asentados a lo largo de los últimos 23 años en el poblado señalado.

El martes 30 de abril a las 13:00 horas se presentaron en el campamento de Nuevo Palanganas siete agentes de la policía judicial estatal, acompañando al jefe de averiguaciones previas de Nuevo Casas Grandes, Ocón Campos, y un ayudante de la oficina de peritos de la Procuraduría General de Justicia estatal, Alfredo Morales, quienes dijeron que habían acudido por una denuncia de que se encontraba gente armada en ese lugar. El director de averiguaciones previas y el ayudante administrativo sí iban armados. Estuvieron revisando el campamento, preguntando nombres y tomando el número de placas de vehículos que se encontraban ahí, además de tomar fotografías. Cuando acabaron partieron rumbo al rancho-hacienda de los Navar Corral. El mismo día 30 por la tarde sobrevoló el campamento una avioneta al parecer de El Paso, Texas.

La comunidad de Nuevo Casas Grandes ha brindado apoyo y se ha solidarizado con las familias campesinas entregándoles comida, láminas y tablas para la reconstrucción de sus viviendas. Los campesinos han empezado a preparar la tierra para sembrar, incorporándose poco a poco las mujeres y los niños. Víctor Quintana diputado federal, llegó el mismo día 30 por la tarde acompañado de otras personas a elaborar un reporte para la Comisión de Reforma Agraria del Congreso de la Unión, toda vez que la presidenta de dicha comisión ha designado al diputado Quintana para darle seguimiento al caso.

Cosyddhac nació de manera formal en noviembre de 1988, por iniciativa de monseñor José Alberto Llaguno Farías, SJ, entonces obispo del Vicariato de la Tarahumara, como una respuesta ante la grave violación de derechos humanos que se vivía en el estado, y de manera particular en la Sierra Tarahumara.

Otros integrantes de Cosyddhac han sido amenazados en fechas recientes, destacando los hostigamientos a los sacerdotes jesuitas Javier Avila y Ricardo Robles.

En un libro que recoge la historia de seis años de la lucha que por el respeto a los derechos humanos ha dado la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, titulado Cosyddhac: Inventario de vida, su autora Elba Gómez señala que ``el objetivo principal, propuesto como horizonte de vida, es trabajar por la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de manera pacífica y propositiva, que motive la participación y la organización ciudadana para la defensa integral de sus derechos. La integralidad significa reconocer todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, de seguridad jurídica, políticos y ambientales que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales firmados por nuestro país''.

Pepe Llaguno pasó 30 años de su vida al lado de los rarámuris, indígenas pobres entre los más pobres, marginados entre los más marginados, explotados por las empresas madereras, el caciquismo, el alcohol y el narcotráfico. Javier Avila y Ricardo Robles también han pasado su vida ahí. Ellos y Camilo Daniel viven su compromiso cristiano al lado de los que menos tienen, y luchan por el respeto a los derechos humanos de todos los hombres, por un país de leyes para todos, por un Estado de derecho.

Pero, como bien dijo Sergio García Ramírez, alertando sobre las reformas a las garantías individuales de la Constitución de 17, convertida ya en anécdota: primero vienen por los socialistas, luego por los judíos y después por todos los demás. Los defensores de derechos humanos no somos el objetivo, sólo un escalón. El objetivo son los derechos mismos de todos los hombres y mujeres, por los que también vendrán. Las condenas a Elorriaga y Entzin son un buen ejemplo al respecto.