La condena de trece años de prisión en contra de Javier Elorriaga por el delito de terrorismo, ubica en sus justos términos la dirección y el nivel de complejidad en la que se desenvuelve la negociación entre el gobierno federal y el EZLN.

Las aberraciones jurídicas del caso evidenciaron a un poder judicial que actúa por consigna política de los sectores más duros del régimen, a contrapelo del proceso de pacificación en Chiapas. El aval a la sentencia contra Elorriaga del procurador Lozano y del secretario de Gobernación son evidencia de que no se trató de la decisión de un juez solitario. La sentencia fue una ``carambola de tres bandas''. Gracias a la decisión del juez Juan Manuel Alcántara, los zapatistas son hoy terroristas, la Cocopa una instancia de mediación desgastada y en crisis, y la comisión negociadora gubernamental una instancia rebasada y con escasa influencia en la posible solución del conflicto.

El hecho no es, sin embargo, una excepción en el tratamiento gubernamental hacia Chiapas. Si, hasta ahora la detención de Fernando Yáñez o los desalojos violentos de predios dentro del estado se habían generado después de cada pequeño avance en el proceso de diálogo, la sentencia a Elorriaga se produjo en otro contexto: el del retroceso en las negociaciones y un incremento en la ofensiva política y militar en contra del zapatismo.

A pesar de haber llegado a algunos acuerdos relevantes en la mesa sobre Derechos y Cultura Indígenas, prácticamente no se han registrado avances para su puesta en práctica. Por el contrario, la decisión de la Secretaría de Gobernación de abrir una mesa de negociación sobre este tema con los partidos políticos, y la campaña en contra de los acuerdos protagonizada por un sector de la intelectualidad, muestran, en el mejor de los casos, los afanes protagónicos del responsable de la política interior y, en el peor, el deseo de algunos sectores gubernamentales de congelar y diluir el alcance de los compromisos.

Tampoco hay motivos de optimismo al juzgar los avances de las dos primeras fases de la mesa sobre Democracia y Justicia. Como se sabe, en la primera la representación oficial le hizo el vacío al evento no llevando asesores e invitados, y en la segunda limitó sus propuestas a algunos cambios insustanciales. Es secundario si lo hizo para no ``reventar'' las negociaciones con los partidos políticos alrededor de la Mesa de Barcelona o para ``achicar'' la de San Andrés. El resultado es el mismo. En el punto que los zapatistas consideran clave, que es el de la transición hacia la democracia, no hay oferta gubernamental.

Más allá de lo que sucede con el Diálogo se encuentra lo que acontece en el resto del estado. De entrada, se ha incrementado la presencia y penetración del Ejército federal en la región, ahora con el pretexto de la lucha en contra de la siembra de estupefacientes. El hecho es relevante, entre otras muchas razones, por dos: primero, porque es la temporada de siembras, y la presencia militar inhibe a los campesinos en las labores de preparación del terreno; segundo, porque los peligros de choques entre el Ejército y la población civil son cada vez mayores. En algunas regiones, organizaciones como la ARIC-oficial, incapacitada para contener políticamente el avance del zapatismo en los territorios que comparte, ha pedido una mayor presencia de las fuerzas armadas. En el norte del estado se ha pasado a organizar directamente grupos paramilitares. La violencia protagonizada por el grupo de los Chinchulines en Bachajón es un eslabón más de la guerra sucia en marcha.

Ha aumentado también y crecerá en los próximos meses de lluvias el uso político de alimentos. Se ha establecido en contra de las comunidades un cerco de hambre. La producción de maíz en Chiapas, como en el resto del país, disminuyó dramáticamente y bajará aún más, mientras los precios se elevan. Una parte relevante de ella ha sido enviada fuera del estado. Hay desabasto del grano y Conasupo ha dejado de enviar harina, pretextando que se contrabandea hacia Guatemala. En esas condiciones, la distribución de despensas a cambio de apoyo político se ha incrementado.

Desde esta perspectiva, la sentencia contra Elorriaga desmiente las especulaciones de quienes hablan de una negociación secreta entre zapatismo y gobierno federal para darle al primero una salida política. Asimismo, muestra que la iniciativa del juez no es un hecho aislado y errático, sino un elemento adicional de una política estatal elaborada desde un sistema complejo de presiones de distinta naturaleza, pero que, en lo esencial, sigue jugando a dos manos; habla de paz y prepara la guerra. Se trata, lisa y llanamente, de una acción que busca cercar al zapatismo en el terreno del diálogo, contener su influencia hacia los sectores sociales comprometidos con una salida pacífica y provocar la violencia.

B