Seguirá la investigación y se consignará a quien resulte responsable, ofrece la Procuraduría estatal

Raúl García y Maribel Gutiérrez, corresponsales, Chilpancingo, Gro., 6 de mayo Organismos de derechos humanos y dirigentes políticos calificaron de ``incongruente'' y ``arbitraria'' la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de no atraer la investigación del caso Aguas Blancas, al tiempo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero señaló que ``continuará la investigación'' de la matanza y, ``en su caso, consignará a quien resulte responsable''.

Antonio Hernández Díaz, titular de la PGJE, dijo que analiza el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ``y lo más seguro es que le solicitemos que nos proporcione copias de los seguimientos probatorios que le sirvieron para ese informe y estar en condiciones de determinar cuál será nuestra acción''.

Cauteloso, el procurador estatal evitó profundizar en las repercusiones jurídicas que tendrá la conclusión de la PGR de mantener el delito de Aguas Blancas en el ámbito del fuero común. Explicó que el análisis del caso que harán él mismo, la agencia del Ministerio Público y el director de Averiguaciones Previas, Jesús Alemán del Carmen, ``requiere tiempo y yo calculo que el fin de semana o el lunes ya tendremos alguna opinión''.

Hernández Díaz dijo desconocer ``si va a haber posibilidades o no de reabrir el caso'', aunque ya había aceptado que las pesquisas continuarán y que podría haber nuevas consignaciones.

Mientras tanto, el director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Acapulco, Javier Mojica, calificó de ``incongruente'' la decisión de la PGR, sobre todo porque ``la Suprema Corte de Justicia ya investigó y emitió una resolución'', además de que en la matanza hubo delitos del orden federal como el de genocidio y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, además de la falta de confiabilidad de los organismos encargados de la procuración y la administración de la justicia en Guerrero.

``El caso Aguas Blancas no se debe quedar en Guerrero'', insistió, porque en el estado ``no hay condiciones para que se investigue con objetividad e imparcialidad, y hay intereses en el gobierno para que no se llegue al fondo'', los mismos que actuaron cuando Figueroa estaba como gobernador.

Por su parte, el presidente del PRD en Guerrero, Octaviano Santiago Dionicio, opinó que la determinación de la PGR ``es como un retorno al punto original, nos llevará a otro ciclo de supuestas conclusiones que impedirá procesar con justicia a los verdaderos culpables'' de la matanza en Aguas Blancas.

De orden federal, los delitos cometidos: Del Villar

El secretario de Asuntos Jurídicos y Reforma del Estado del CEN del PRD, Samuel del Villar, rechazó la resolución de la PGR donde se declara incompetente para perseguir los delitos derivados de los hechos de Aguas Blancas, porque ``se trata de delitos de genocidio, uso indebido de armas reservadas al Ejército y acopio de armas'', que son delitos federales.

En un comunicado, tras afirmar que con tal resolución la PGR otorga impunidad absoluta a Figueroa, Del Villar señaló que el delito de genocidio quedó ``claramente'' tipificado y comprobado con la documentación adicional que generó la Corte.

``Millones de mexicanos dijo contemplaron cómo los contingentes policiacos usaron indebidamente las armas reservadas para masacrar a los campesinos, lo que constituye un claro delito federal a la luz de lo estipulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y los dictámenes periciales en los cuales se basó la PGR, así como el análisis del encubrimiento de esta matanza acredita plenamente que fueron ``sembradas'' armas reservadas para simular e inculpar falsamente a las víctimas por la agresión de los victimarios. Esto constituye claramente un delito federal''.

Por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio señaló que era genocidio, y que por ese delito Figueroa debe ser enjuiciado.