La Jornada 4 de mayo de 1996

Se entrega el procurador de Colombia, acusado por la fiscalía general de presuntos vínculos con el cártel de Cali

Ansa, Dpa, Afp, Efe Ips y Ap, Santafé de Bogotá, 3 de mayo El procurador general de Colombia, Orlando Vásquez, se entregó este viernes a las autoridades luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenó la víspera su detención bajo la acusación de presuntos vínculos con el cártelcocainero de Cali.

En paralelo, la Procuraduría General (PG) solicitó a la Comisión de Acusación parlamentaria que absuelva al presidente Ernesto Samper en la investigación que se le sigue por la entrada de dineros del narcotráfico en su campaña electoral de 1994, al considerar que el mandatario es inocente de los cargos que se le imputan.

En lo que constituye un hecho sin precedente, la detención de un procurador colombiano, la orden de arresto había sido expedida por los fiscales asignados a la Corte Suprema de Justicia tras considerar que Vásquez, uno de los funcionarios públicos más influyentes, no pudo dar explicaciones satisfactorias durante la indagatoria a que se le sometió.

Los informes indican que al procurador se le acusa de enriquecimiento ilícito, ya que habría recibido unos 200 mil dólares del cártel de Cali. Habría evidencias de que además recibió gastos pagados de hotel y otros beneficios durante dos visitas a Cali, y no tuvo explicaciones en torno a su abultado patrimonio personal.

Al mismo tiempo, Vásquez afronta otro proceso ante la Corte Suprema de Justicia por abrir una investigación irregular en contra del fiscal general Alfonso Valdivieso, el principal acusador del presidente. En ese mismo caso, el procurador utilizó testimonios falsos en su afán por inculpar al fiscal.

Se sabe que el procurador, uno de los principales defensores del presidente Samper, tenía listo un fallo para destituir a Valdivieso. La investigación que había abierto en contra del fiscal buscaba demostrar que Valdivieso, cuando fue ministro de Educación, habría incurrido en ciertas irregularidades administrativas.

Antes de su entrega, el procurador Vásquez se había entrevistado con el director de la policía, general Luis Ernesto Gilibert, con quien llegó acompañado para ser recluido en el cuartel general de la dirección Administrativa de Seguridad (DAS, el cuerpo de inteligencia policial). Empero, el funcionario evitó hablar con los periodistas.

Más tarde emitió una escueta declaración en la que aseguró que saldrá airoso de este ``doloroso episodio''. Alegó haberse entregado a las autoridades porque quiere demostrar al país que es una persona honesta y que sus actuaciones como funcionario público siempre han sido transparentes.

La Corte Suprema de Justicia en días pasados pidió al Congreso la suspensión por tres meses del procurador. En Colombia el procurador general es nombrado por el Senado, y para su detención por un delito común la autoridad no necesita de ningún proceso administrativo especial en cuanto a su investidura.

El controvertido jefe del Ministerio Público, quien insiste en su inocencia y en que es objeto de ``persecución política'', se encargaba de vigilar administrativamente a todos los funcionarios públicos. Pero ahora, Vásquez se encuentra comprometido en el mismo caso del contralor general David Turbay y de otros 24 congresistas.

Justamente el delegado del Ministerio Público en el proceso que se sigue al presidente Ernesto Samper, Fernando Gómez, presentó un alegato ante la comisión parlamentaria para pedirle que absuelva al jefe de Estado, bajo el argumento de que fue ``engañado'' por sus antiguos colaboradores Fernando Botero y Santiago Medina.

De acuerdo con la ley, el delegado de la Procuraduría debe expresar su opinión ante los investigadores, y en ese ámbito aseveró que el país ``no necesita un esfuerzo mental'' para entender que Botero y Medina tendieron ``una emboscada traidora'' a Samper y se enriquecieron ilícitamente con dinero que al parecer envió el cártel mafioso.

Las críticas del delegado también se hicieron extensivas a la Fiscalía General, que denunció penalmente a Samper el 14 de febrero por cuatro delitos, al afirmar que la denuncia no resiste un elemental análisis crítico. En todo caso, este punto de vista es similar al que se apresta a presentar la defensa del jefe de Estado.

Entre tanto, sectores industriales insistieron en que podrían convocar a un paro empresarial si Samper no abandona el poder. A la par, unos 200 banqueros hicieron un desplante al mandatario al retirarse chiflando de un auditorio donde Samper se aprestaba a clausurar la convención anual del sector en la ciudad de Cartagena