De los acuerdos de la mesa electoral llama la atención el referéndum, figura que entró y salió de la Constitución sin pena ni gloria, pues nunca se aplicó en el Distrito Federal donde había sido confinada.

Pero cuánta decepción produce observar que tan importante instrumento de consulta popular se limita a ser obligatorio, es decir, que debe ser convocado solamente cuando se tenga que reformar algún precepto constitucional.

El referéndum obligatorio existe en algunos países donde la Constitución fue producto de igual consulta a la ciudadanía y se aplica cuando es necesario reformar las partes sustanciales de la Carta Magna, tales como la forma de gobierno, las garantías individuales y sociales, los derechos básicos. En España, una parte de la carta fundamental no puede ser reformada sino con la aprobación de dos legislaturas sucesivas y, después, con un sí en el referéndum.

La Constitución mexicana ha sido reformada centenares de veces sin preguntar al pueblo nada en absoluto. Postulados básicos, como el derecho a la tierra en el artículo 27, fueron barridos de un plumazo, calificándolos de anacrónicos. Hace unos días se envió a las legislaturas de los estados una reforma constitucional que afecta las garantías individuales. Ahora, súbitamente, el gobierno busca que la reforma de varios preceptos queden sujetos a referéndum. Pero, por qué no votar sobre aquellos que fueron eliminados o modificados de una manera verdaderamente golpista por Carlos Salinas y otros recientes cambios? Hay un dicho que dice: lo que es parejo no es chipotudo.

El referéndum obligatorio hoy y aquí es conservador pues tiende al inmovilismo de una Constitución ya cercenada. En realidad lo que el país requiere es una nueva Carta Magna, que exprese un pacto político nacional, redactada en medio de grandes debates y llevada finalmente a referéndum ciudadano.

Pero mientras llegamos a ese punto al que tendremos que llegar es necesario salir al paso al referéndum obligatorio y pugnar por aquel referéndum que se realiza a petición de una parte de la ciudadanía para objetar leyes o normas dictadas por los ayuntamientos, el cual debe admitir el Estado con el propósito de que la mayoría decida si la ley queda o no.

De esa manera, el referéndum es un arma del pueblo frente a sus propios representantes, quienes carecen de medios exactos para conocer la opinión de sus representados cuando expiden las leyes.