Nada es más fácil que criticar a un gobierno autoritario. Nada es más popular. La gente aplaude y considera valiente al crítico. Entre más intransigente e iracundo, mejor. Cuentan que un viajero impertinente le preguntó en Moscú a un científico soviético en los años 80, antes del derrumbe, qué opinaba de la política oficial. Estaban en un restaurante y el ruso volteó para todos lados. Le pidió que salieran de ahí y que se fueran a un parque. Después buscó un lago solitario. Cuando estuvo seguro que nadie podía observarlos, le confió: ``Creo que el gobierno lo está haciendo bien''.

A riesgo de sorprender al no muy numeroso grupo que forman mis lectores dominicales, les voy a decir que el gobierno lo ha hecho muy bien en materia de reforma electoral. Se ha logrado un conjunto de acuerdo entre el PRI, PRD y PT, que si son repasados con objetividad tendrían que reconocerse como avanzados. Es decir, avanzados respecto de México porque son normas vigentes en los países democráticos desde hace mucho tiempo. Si los Acuerdos de Bucareli se convierten en ley ésta no será como las anteriores, una reformeta ni una refomita. Será una reforma decisiva (no definitiva, nada hay definitivo en este mundo fluctuante) expresión de una voluntad política de romper con el pasado autoritario y de dar garantías para que la lucha electoral y sus procesos sean libres, justos y equitativos.

En un artículo como éste no cabe una exposición a detalle de los 85 puntos de acuerdo. Pero hay que decir que no hay un solo campo importante en el tema sin mejoría.

Once botones de muestra: 1) Por primera vez se garantiza a través del sistema judicial federal el respeto a los derechos políticos del pueblo mexicano. 2) Se propone la ciudadanización completa de todos los órganos electorales. 3) La salida de los representantes del poder ejecutivo y de los poderes legislativos que hoy son personeros del presidente de la República y de los partidos. Y, por lo tanto, juez y parte en el proceso electoral. 4) Se otorga autonomía financiera al órgano electoral que ya no estará sujeto a las veleidades del poder ejecutivo. 5) Se vuelve transparente el manejo del gasto en el proceso electoral. 6) Se establecen normas equitativas que equilibran a los contendientes en la competencia electoral. 7) Por primera vez se reducen los tiempos y los costos de las campañas. 8) Por primera vez se fiscalizan en serio las finanzas de los partidos. 9) Se dan garantías a los distintos contendientes de una distribución mucho más equitativa de los recursos públicos. 10) Se restringen a una cuota razonable las aportaciones privadas, se hace obligatoria su transparencia. 11) Se equilibra y se mejora el uso de los tiempos en los medios electrónicos.

Quedan pendientes cuestiones importantes, todas podrían resolverse bien si se atiende al espíritu de los acuerdos. Debe: 1) Eliminarse la posibilidad del uso exclusivo de los colores patrios por uno de los partidos. 2) Establecerse con claridad que el Consejo será el órgano supremo y que el director dependerá de él. 3) Garantizar una justa proporcionalidad en la representación en las dos cámaras. Eliminar cualquier vestigio de la cláusula de gobernabilidad. 4) Garantizar el control por parte de los partidos y del Consejo, de los registros electrónicos del sistema electoral.

El acuerdo es un esquema. Será necesaria una reforma constitucional y legislativa muy compleja. Además, no fue suscrita por el Partido Acción Nacional. Este partido, el de mayor prosapia democrática de México, no ha querido sumarse porque teme (y con razón), que las mejores leyes puedan acabar burladas por una práctica perversa. Esta ha sido una constante en México. ``El día en que coincidan las fachadas legales con sus contenidos habrá una revolución silenciosa en este país''. El caso de Huejotzingo no despreciable puede servir como una lección, pero el PAN tendrá que hacer explícitas las garantías que reclama más allá de este asunto.

El PAN tiene numerosas coincidencias implícitas con las conclusiones de Bucareli. Ha ofrecido una iniciativa legislativa completa donde reúne las propuestas hechas por el partido durante décadas. Si predomina una racionalidad política no será difícil coronar el esfuerzo con un consenso de todos los partidos: una señal para la nación de que la vida política en México se sujetará en adelante a otras reglas.

Es hora de reconocer, sin mezquindad, los méritos de los protagonistas. Los Acuerdos hubieran sido imposibles sin el impulso que el PRI les dio. Soy testigo del talento, pericia y la generosidad de Santiago Oñate y de sus colaboradores en materia electoral: Ignacio Ovalle, Tristán Canales, Enrique Ibarra y Daniel Mora. Soy testigo también del formidable esfuerzo de Porfirio Muñoz Ledo para impulsar esta negociación (respaldado apenas por una representación parlamentaria del 10 por ciento de la Cámara de Diputados), apoyado eficazmente por Ricardo Valero, Raymundo Cárdenas y Jesús Zambrano.

Habría que reconocer también la habilidad de Emilio Chuayffet, Arturo Núñez y sus asesores jurídicos. Debe recordarse que el proyecto fue decidido antes de la toma de posesión de Zedillo e impulsado por Esteban Moctezuma, quien presentó la primera agenda cuando fue secretario de Gobernación.

No puede menospreciarse el trabajo pionero de los Consejeros Ciudadanos del Consejo General del IFE y el esfuerzo silencioso, pero eficaz, del director en funciones Agustín Ricoy.

Es hora de que los movimientos cívicos se adjudiquen como propio el triunfo que representa la Reforma radical que se anuncia. Desde 1989, cuando se abrió la posibilidad de lograr una ruptura entre el viejo sistema hegemónico y el nuevo sistema democrático, nuestros grupos presentaron proyectos, asumieron iniciativas, convocaron a foros, hicieron decenas de observaciones que patentizaron los vicios de las elecciones mexicanas. Ojalá que los movimientos civiles celebren este avance y que luchen para que los Acuerdos de Bucareli sean no el horizonte máximo de reforma sino su mínimo irrevocable.