Reglas nuevas y prácticas distintas son exigencias para avanzar hacia algún tipo de normalización democrática. Dos hechos recientes pueden servir para ilustrar las distancias que aún le guardamos al idilio de la normalidad.

El lunes se dieron a conocer las conclusiones de la mesa de negociación para la reforma electoral. El documento sin duda contiene importantes avances; por ejemplo, en el tema de derechos políticos y nuevos mecanismos jurídicos de protección, contiene propuestas concretas en cuanto a la conformación de máximo órgano electoral o la regulación de las condiciones de competencias, sin embargo, acaso su mayor virtud, paradójicamente, sea advertirnos sobre todo lo que falta para arribar a un acuerdo.

El documento sistematiza los acercamientos que han logrado los partidos en la mesa, algunos de ellos muy importantes, pero se advierten tres tipos de problemas: aquéllos en que los partidos postergan a una consulta interna sus definiciones (ejemplo: referéndum, fórmulas de integración del Poder Legislativo); aquéllos en los que la Secretaría de Gobernación añade una opinión distinta a la de los partidos (ej. integración del Consejo General del IFE, procedimiento para el nombramiento del director, o voto de los mexicanos en el extranjero); y aquéllos que seguramente impedirán el acuerdo con el PAN (ej. las fórmulas para repartir el financiamiento público, y las limitaciones al financiamiento privado). En qué plazo, y de qué manera se puedan superar esos tres tipo de problemas, es lo que habrá de averiguarse.

Si recordamos la cantidad de expectativas que se abrieron respecto a la mesa, la cantidad de horas que se consumieron en las negociaciones, el documento no puede sino producir cierta sensación de desencanto. Hay que resaltar el hecho que por fin, y a pesar de ciertas omisiones, hay un documento público para organizar el debate por venir. Se cierra una etapa de las negociaciones y se abre otra en la que el Poder Legislativo jugará un papel central. El tiempo ya empieza a jugar en contra (recuérdese el registro de partidos y ahora la redistritación); ojalá que pronto partidos y autoridades logren limar asperezas.

En otro ámbito, el gobernador Sócrates Rizzo pidió licencia a su cargo, y como es costumbre, no se sintió obligado a presentar una explicación de los hechos que lo orillaron a tomar tal determinación. Y de nuevo los silencios oficiales son poblados por la hermenéutica popular. Si su renuncia obedeció a un manejo corrupto del cargo, y hubo daño patrimonial, se debieran fincar responsabilidades en el ámbito penal; si se explica por incapacidad de gobierno o por filiaciones políticas inconvenientes para el grupo en el poder o a los cálculos electores o a lo que sea, sería más sano para todos que las razones se ventilaran. Sin embargo se insiste en el lenguaje cifrado, en las señales para entendidos, y se desprecia la capacidad de entendimiento de las mayorías. Con prácticas tan arcaicas se desdice cotidianamente el espíritu modernizador que supuestamente campea la política.

Reglas nuevas, que ojalá llegen pronto, y prácticas distintas, son fundamentales si de dirimir civilizadamente las diferencias estamos hablando.