Ellos, que viven en la pobreza, tuvieron que declararse en huelga de hambre para que les hicieran caso. Fueron necesarios 23 años de lucha y mil 200 indígenas sin comer durante casi tres días para que atendieran sus peticiones. En el centro de todas ellas, el ancestral problema de la injusta tenencia y uso de la tierra en una de las regiones con mayor potencial económico de México: la de Pujal-Coy, en la huasteca potosina. Precisamente donde a principios de los setenta se aprobó realizar magnas obras para irrigar cerca de 600 mil hectáreas, ubicadas principalmente en los municipios de Tamuín y Tanlajás. Las dependencias responsables del proyecto realizaron numerosos estudios para beneficiar inicialmente 300 mil hectáreas. Para ello habría recursos del exterior y del sector público, como parte de una estrategia de modernización agropecuaria alentada por los grandes bancos y agencias internacionales de desarrollo.

Desde siempre, los campesinos cuestionaron las bondades del proyecto tal y como lo planteaban las autoridades, entre otras cosas porque, a un alto costo social y económico, iban a seguir pobres y más dependientes de las agencias oficiales y de quienes controlan la región. Por principio de cuentas, está bien documentado el distanciamiento social y económico que caracteriza a esa porción del estado de San Luis Potosí. De un lado, existen unos cuantos propietarios de tierras que disponen de la inmensa mayoría del capital y demás bienes productivos invertidos en la agricultura, la industria y los servicios. Hasta logran en ciertos casos exportar y colocar sus ganancias en otras zonas del país. Los más notables, partieron de una ganadería extensiva y se han mostrado reacios a cambios que impliquen el uso racional de los recursos. No faltan los propietarios de extensas áreas que ni siquiera viven en la entidad. El poder económico y el control social, estuvieron durante décadas vinculados al caciquismo que ejerció Gonzalo N. Santos, durante casi medio siglo amo y señor de la Huasteca Potosina.

En contraste, son miles las familias campesinas dedicadas fundamentalmente al cultivo del maíz, la caña y algunos frutales. Se trata de ejidatarios y sus familiares que se encuentran subocupados o sin empleo; que se debaten muchas veces en medio de la miseria. Por falta de tierra, junto con sus hijos se han convertido en jornaleros agrícolas que lo mismo trabajan en las grandes fincas de la región por salarios inferiores al mínimo legal, que salen en busca de ocupación a otras áreas del país. Encuestas levantadas a dueños de grandes fincas particulares, a propietarios minifundistas y a ejidatarios y jornaleros, revelaron que la diferencia en el nivel de ingresos entre ricos y pobres llega a ser de cien a uno.

En la región mencionada no sólo hay una injusta distribución del ingreso y la riqueza, sino además atraso tecnológico y uso irracional de recursos. Extensas áreas de grandes propiedades a veces permanecen ociosas o subutilizadas, mientras hay mano de obra abundante y miles de jefes de familia carecen de una parcela. La potencialidad productiva de muchos ejidos no se aprovecha por falta de apoyos crediticios y técnicos suficientes y oportunos, y por los sistemas de acaparamiento que controlan desde la compra y comercialización de las cosechas hasta la venta de insumos. Nada más atractivo entonces que impulsar programas de desarrollo rural para aprovechar las ventajas de la región en base a la irrigacin de enormes extensiones de tierra privada y ejidal que serían sembradas con cultivos con demanda nacional e internacional, que harían crecer el empleo y el ingreso, las agroindustrias y la captación de divisas.

No falta quien sostenga que, muy especialmente los indígenas, se oponen al progreso. Pero en las encuestas levantadas en distintas épocas en la región, manifiestaron el deseo de cambios tecnológicos y productivos, estar dispuestos a adoptar innovaciones que permitan el uso eficiente de los recursos. Mas no a cualquier costo, ni que ello implique la pérdida de la tierra, arrasar con sus lazos comunitarios y crearles mayor dependencia de factores que distorsionan las relaciones sociales y están fuera de su control. En contraste, no pocos grandes y medianos propietarios se declararon enemigos de la modernización regional vía las obras de riego, quizás porque muchos latifundios familiares serían expropiados como parte del proyecto; y que las tierras ociosas o mal utilizadas tendrían que entrar a nuevos esquemas de producción.

Los más de mil indígenas que realizaron la multitudinaria huelga de hambre hace dos semanas, la levantaron al prometerles que ahora sí sabrán el destino que tuvieron millones de dólares otorgados para el enorme proyecto hidroagrícola; de que les resolverán a satisfacción los problemas referentes a la tenencia de la tierra, la legalizacin de predios, el respeto a sus formas de organizacin productiva y social; que se atacará el cacicazgo amparado desde el poder y el partido gobernante. Que habrá pago justo de las tierras expropiadas para las obras. Que se investigarán las denuncias de acaparamiento de tierras por parte de ex funcionarios y políticos prominentes. Agregaron otros dos asuntos: la cartera vencida, cercana a los 3 mil millones de nuevos pesos, que 30 mil campesinos de la Huasteca consideran impagables; y la exigencia de revisar las reformas hechas al artículo 27 constitucional, so pretexto de sacar del atraso al sector rural. Si las autoridades no cumplen los compromisos acordados, los indígenas volverán a la huelga de hambre.