Los poderes en Guerrero suprimen la exigencia nacional de justicia. La responsabilidad de Rubén Figueroa por la masacre de Aguas Blancas está en el centro de la desaparición de los poderes constitucionales que la puedan garantizar. Angel Aguirre, su presidente del PRI, lo sustituyó. Pero se mantiene su mismo Tribunal Superior de ``Justicia'' con su presidente, Jesús Araujo Hernández, impuestos por Figueroa para encubrir el genocidio exacerbado en la masacre. Su desempeño en el caso Aguas Blancas no ha sido, ciertamente, el de un Poder Judicial independiente e imparcial para garantizar el proceso legal debido. Parece, más bien, el de un abogado tramposo para que el régimen de Figueroa y la impunidad siga derrotando a la Constitución y la ley.

En la misma forma se mantiene el Congreso de Figueroa. No sólo sepultó la demanda de juicio político en su contra y la de su presidente del Tribunal Superior de ``Justicia'', por sus atropellos en el caso de Aguas Blancas. También fue el cómplice destacado del fiscal especial, Alejandro Varela, cuando el 27 de febrero pasado exoneró arbitraria e ilícitamente a Figueroa y sus auxiliares superiores y con la misma arbitrariedad e ilegalidad, clausuró la fiscalía y abandonó la persecución de los delitos de Aguas Blancas presumiblemente después de cobrar 3 millones de pesos que públicamente se han reportado como sus ``honorarios'' personales por dos meses de trabajo para maquillar la exoneración y la impunidad.

La subordinación de Aguirre a Figueroa, en lugar de a la Constitución, ya produjo los resultados esperados en el caso de Aguas Blancas. Su procurador de ``Justicia'', Antonio Hernández Díaz, el 10 de abril pasado certificó oficialmente lo que hace mucho tiempo el Senado y la Procuraduría General de la República debieron haber reconocido para restaurar el orden constitucional: que en Guerrero ha desaparecido la institución constitucional del Ministerio Público sin la cual, a su vez, es inexistente un Poder Ejecutivo constitucional capaz de procurar justicia.

En efecto, en esa oportunidad, el procurador Hernández denegó la solicitud de reapertura del caso que le fue formulada el 14 de marzo pasado. Al hacerlo, certificó que la Procuraduría a su cargo está ``legalmente impedida'' para ``revisar las determinaciones que la Fiscalía Especial'' formuló para exonerar de responsabilidades a Rubén Figueroa Alcocer y sus auxiliares. Al mismo tiempo, el juez tercero de Distrito de Acapulco corroboraba la clausura de dicha Fiscalía Especial que desapareció la ``autoridad responsable'', del Ministerio Público, que debe rendir el informe justificado por los nueve conceptos de violación de las garantías constitucionales contra la impunidad, al proceso legal debido, a la coadyuvancia y a un juicio imparcial en que incurrió el fiscal especial, y que fundamentaron la demanda de amparo y protección de la justicia federal interpuesta el 19 de marzo ante dicho juzgador.Desde luego que la desaparición de la procuración de justicia en el gobierno de Guerrero, en la que se fundó la denegación de la solicitud para corregir y remediar la procuración de injusticia del fiscal Varela, es insostenible si su actuación correspondiese a la de un poder constitucional responsable por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes emanadas de ella. El orden constitucional en el estado establece que ``el Ministerio Público estará a cargo de un procurador general de Justicia'', quien ``será el jefe de la institución''. El procurador Hernández fundó su abandono de esa jefatura y la desaparición del Ministerio Público para el caso, en la falsa ``autonomía'' que el Congreso de Figueroa le dio al fiscal Varela, cuando en realidad lo nombró el propio Figueroa, el 15 de noviembre de 1995, para que sus actuaciones no fuesen nulas. Fue una farsa antijurídica para organizar el encubrimiento oficial, que continúa, de las responsabilidades del jefe político y sus asociados por la masacre.La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá dictaminar en breve sobre estas violaciones extremas a las garantías constitucionales de los mexicanos y recomendar los remedios constitucionales para que la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad extremas no prevalezcan sobre el poder de la justicia que ha desaparecido en Guerrero. De la autenticidad de su dictamen y de la efectividad de los remedios recomendados, fácilmente puede depender que la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad no hagan sucumbir definitivamente el poder constitucional de la justicia en México.