Generar condiciones equitativas para la competencia electoral resulta vital para que las contiendas no transcurran en un ambiente de asimetrías abismales que sólo sirven para erosionar el clima de las elecciones. En tres grandes apartados se ubican las reformas orientadas a crear dichas condiciones:1. Financiamiento. Se privilegia el financiamiento público sobre el privado y se aumenta su monto. Lo que antes eran las partidas de financiamiento público por actividad electoral y por actividades generales (las más relevantes en cuanto a monto) se funden en un nuevo rubro: ``financiamiento para gastos de operación'' que se incrementará anualmente dependiendo de la inflación. Dicha partida se repartirá 70 por ciento de manera proporcional a los votos y 30 por ciento ``con un criterio inverso a la fuerza electoral de los partidos''. Con ello se logrará un financiamiento más equitativo.

Los partidos recibirán el 25 por ciento el primer año después de la elección, 35 por ciento al segundo año y 40 por ciento el año electoral. Antes se repartía, 20, 30 y 50 por ciento. Aprovechando el viaje y viendo por sus necesidades inmediatas, los partidos pactaron que el financiamiento para ``gastos de operación'' se otorgue retroactivamente a enero de 1996. Las partidas conocidas como ``actividades específicas'' y para el desarrollo de los partidos seguirán existiendo. La primera de ellas, que fomenta las labores de investigación, educación y difusión de los partidos, y que consiste en reembolsarles el 50 por ciento de sus gastos, ahora esa recuperación ascenderá al 75 por ciento. Ese financiamiento irá directamente a las fundaciones o institutos de los partidos.

Se establece un límite al monto total de las aportaciones en dinero de simpatizantes que consiste en el 10 por ciento del dinero público que reciba el partido mayor. La verdad me parece poco, y además tiende a congelar los esfuerzos que los partidos deben realizar para contar con financiamiento propio, directo, no dependiente del Estado. Pero en fin...

Las aportaciones individuales también tienen topes estrictos y se prohíben las aportaciones anónimas (antes podían ser hasta por el 10 por ciento de los ingresos de un partido). Se establece un tope de gasto para la elección de diputados, senadores y presidente equivalente a dos pesos (valor de enero de 1996) por elector en cada elección. Ojalá los representantes de los partidos hayan realizado bien las cuentas, porque topes ficticios pueden generar informes igualmente ficticios.

Los partidos, por ley, tendrán que contar con un sistema de organización y administración de sus finanzas de tal suerte que se fomente su transparencia y sus cuentas puedan ser auditadas. Ya que de ahora en adelante la comisión de consejeros del Consejo General podrá contratar a despachos especializados para realizar auditorías externas a los partidos.

2. Medios de comunicación. Se aumentará sustancialmente el tiempo oficial gratuito durante las campañas, garantizando al menos la cantidad de tiempo de que gozaron durante las elecciones de 1994. Dice el texto que ``los partidos acordaron analizar la posibilidad legal y los mecanismos necesarios para una mejor forma de utilización del tiempo oficial gratuito''. Y ojalá así suceda, porque más allá del escaso tiempo con el que cuentan, los programas suelen ser invisibles.

Se estableció el compromiso de que el tiempo oficial sea en los horarios con más audiencia, y será distribuido con el mismo criterio que el dinero, 70 por ciento proporcional y 30 por ciento inversamente proporcional a la fuerza electoral.

Se estableció un tope a la contratación de tiempos y espacios en radio y televisión, el cual no podrá ser mayor al 10 por ciento del total del financiamiento público a cada partido. Se acordó también la suspensión de la difusión de propaganda partidaria contratada por los partidos durante los 20 días previos a la elección (lo cual me parece demasiado), a excepción de los cierres de campaña. Y retomando acuerdos que ya funcionaron en 94 se pactó que la propaganda gubernamental de cierto tipo se suspenda durante la campaña, la realización de monitoreos aleatorios por parte del IFE a los noticiarios de radio y televisión, la regulación de encuestas y conteos rápidos, el apoyo a la realización de debates públicos entre los candidatos, siempre que haya acuerdo entre los propios candidatos y sus partidos.

La ley establecerá la necesidad de un catálogo de tarifas en los medios impresos para evitar la especulación y el trato diferenciado hacia los partidos, e incluso se ``explorará la posibilidad y la viabilidad de abrir un nuevo canal de televisión y una estación de radio para la difusión de actividades políticas'' (con lo cual estará feliz Raúl Trejo D.).

3. Duración de las campañas. Buscando condiciones más equitativas se reducirá la duración de las campañas legales (presidente 120 días, diputados 75 y senadores 90), es decir, los días que van del registro de la candidatura a la votación. Pero para evitar una norma ficción quizá sería necesario legislar para que los gastos de campaña se empezaran a contabilizar desde el momento de la postulación de los candidatos, ya que ello tal vez inhibiría la violación flagrante de las nuevas disposiciones.

Como se puede observar, el paquete recoge buena parte de la agenda de los consejeros ciudadanos, de los puntos del seminario del Castillo, de las propuestas iniciales de los partidos, y de cristalizar logrará que la imparcialidad y la equidad presidan nuestros procesos electorales, convirtiéndolos en fuente de legitimidad y en fórmula para la coexistencia y competencia civilizadas.