Corruptelas en la restauración de Chapultepec

Alonso Urrutia Una denuncia presentada el 29 de marzo pasado por la Corporación Bolmex ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) revela que, a casi dos años de haberse concluido la remodelación del Zoológico de Chapultepec, se adeuda casi 50 por ciento del costo de la obra; a lo largo del proceso funcionarios del gobierno capitalino presuntamente ``solicitaron dádivas'', y la carencia de un proyecto ejecutivo encareció la obra en ``500 por ciento''.

La inconformidad presentada por la empresa ante la supuesta extorsión proveniente de la Secretaría de Obras del Departamento del Distrito Federal (DDF) generó presuntamente una serie de ``actos de dolo y mala fe'' contra Bolmex, cuya consecuencia más grave es el retraso de dos años en el pago de la obra, así como la fijación de costos por abajo de la mitad de lo que se pagó a empresas que ``habrían accedido a estos arreglos''.

El documento presentado a la Secodam incluye un legajo de fotos que revelan la muerte de decenas de animales, mismos que, a decir de la empresa, las autoridades del Zoológico se negaron a trasladar a otro lugar, lo que provocó su muerte. Cebras, antílopes y bisontes fallecieron en el proceso de remodelación.

Detrás de la fachada de modernidad que muestra hoy el Zoológico de Chapultepec se esconde una cadena de irregularidades que se enumeran en la denuncia: anomalías en la licitación; otorgamiento de partes centrales de la obra a grandes consorcios sin concurso público; violación de disposiciones legales para fijar los costos unitarios por obra, y la asignación de la construcción de algunas zonas a empresas responsables de las auditorías y supervisiones.

El adeudo a Bolmex es de 77 millones de los 93 millones de pesos a que ascendería el monto total, incluido el costo del financiamiento. Sin embargo, a ello habría que añadir otros adeudos al resto de las empresas que participaron en la obra y que acercarían la deuda a 100 millones de pesos.

La obra comenzó --según denuncia la Corporación Bolmex, responsable de 50 por ciento del proyecto-- sin licencia de construcción, y a lo largo de todo el proceso se debió construir en ``escala uno a uno'', tecnicismo que en el argot de la construcción evidencia la improvisación total y la elaboración del proyecto al momento mismo de la construcción.

La denuncia presentada contra el Fideicomiso 1490-4 Banca Cremi --que conformó el DDF para la construcción-- va más allá del adeudo, pues involucra supuestos casos de corrupción de la Subdirección de Costos del gobierno capitalino, a la que se acusa de haber solicitado 5 millones de pesos ``para favorecer la cotización de los precios unitarios''.

El documento presentado ante la Secodam cita una cadena de irregularidades desde el proceso mismo de la licitación de la obra hasta el aún no concluido finiquito del costo total de la construcción.

De entrada, la obra se inició sin licencia de construcción, sin proyecto ejecutivo y, por tanto, sin partida presupuestal asignada, dado que sólo existían ``proyectos conceptuales''. Ni siquiera hubo ``proyectos para las demoliciones realizadas''. En el concurso inicial le fue asignada a Corporación Bolmex la encomienda de construir ``albergues, andadores, instalaciones y acabados en general de la zona de sabana, pradera y bosque''.

En principio, y violando disposiciones legales, la instancia que emitió la convocatoria y otorgó la licitación --la Dirección General de Obras del DDF-- fue cambiada en dos ocasiones, pues luego se pretendió firmar el contrato con Servimet y posteriormente ya se conformó --en marzo de 1993-- un fideicomiso con el que se concretó el contrato.

Corporación Bolmex dice haber recibido sólo 18 planos de la obra, lo que representa ``menos de la décima parte de lo requerido'', pues al menos se necesitaban 563 planos. Asimismo, no fueron definidos los frentes de obra ni se estableció que los animales permanecerían en el lugar. En síntesis, hubo una deficiente planeación que careció de proyecto ejecutivo y que, al cabo del tiempo, indican funcionarios de la empresa, implicaría encarecer la obra casi cinco veces. Eso fue ``la generatriz de todos los problemas''.

Originalmente la obra tendría que construirse entre el 5 de marzo y el 23 de agosto de 1993, ``pero la improvisación que caracterizó a ésta implicó que se llevara un año más''. La necesidad de realizar la escala uno a uno, explica la Corporación Bolmex, implicó tener que realizar hasta cinco veces una misma ``acción'', con el consiguiente impacto en el presupuesto.

Más aún, la denuncia en la Secodam señala que al cabo de haber iniciado la construcción se les notificó que no sería la Dirección General de Obras Públicas del DDF la responsable de la supervisión, sino la empresa Aditeco, con lo que se violó ``no sólo el contrato sino también el reglamento de la Ley de Obras Públicas''.

Ya en el proceso de construcción, agrega la empresa, de los recorridos de obra realizados con personal del DDF, Servimet y el Zoológico se desprendieron numerosos cambios, al tiempo que se demandó acelerar la obra pese a esas constantes modificaciones, situación que generó mayores costos. A pesar de ello, ``no existe y nunca existió en el desarrollo de los trabajos una reprogramación autorizada, independientemente de que la empresa presentó para revisión la reprogramación real de los trabajos''.

Pese a la documentación de la empresa, la carencia de ``soportes documentales de gran cantidad de cambios y adecuaciones, la mayoría de los cuales se realizaron durante la obra y con carácter de urgente'', ha servido de argumento para aplazar el pago de la obra.

Al respecto Bolmex señala: ``Es fundamental hacer la aclaración que al inicio de la obra, concretamente cuando la Dirección Técnica contaba con los primeros presupuestos de Corporación Bolmex, fuimos invitados a reuniones, en distintos lugares, por personal de la Dirección Técnica de la Dirección General de Obras Públicas del DDF (con el subdirector de Costos, Filemón Quirós Rosales, y el jefe de la Unidad Departamental de Infraestructra, Pedro Vázquez García) para coaccionarnos y ''beneficiarnos con buenos precios``, a lo cual no accedimos al mantener firmes nuestras políticas internas.

''Como consecuencia de no haber aceptado incurrir en este ilícito y claro acto de corrupción --hecho que se denunció ante el Fideicomiso-- Bolmex fue tratada con dolo y mala fe, calificando la Dirección Técnica en forma unilateral y arbitraria prácticamente la totalidad de nuestros precios unitarios.

``Esta situación es evidentemente clara al comparar los precios autorizados a otras empresas contratistas en esta misma obra en las mismas circunstancias y con el mismo grado de complejidad, autorizando (el DDF) los precios a estas empresas con base en las condiciones reales y circunstancias que prevalecieron en el desarrollo de los trabajos y no así a Bolmex, a la que en algunos casos se le cotizó 25 veces más abajo.''

Luego de hacerse público el acto de corrupción ante el Fideicomiso, los funcionarios --dice la denuncia-- amenazaron a la empresa a la que habían pretendido coaccionar.

Los denunciantes de Bolmex señalan que éste puede ser otro factor que incidió en el encarecimiento de la obra, que finalmente costó alrededor de 200 millones de pesos, muy por arriba del techo presupuestal original, incluido el costo de financiamiento.

De acuerdo con Bolmex, algunas partes centrales de la obra, ``como algunos andadores y la zona donde se encuentran ubicados los locales de algunas trasnacionales de alimentación, fueron asignados sin concurso alguno''.

La cadena de irregularidades involucró a las empresas que tendrían que auditar la obra. Así, a Maursa, responsable de la auditoría externa, le fue otorgado --a través de sus filiales-- la construcción de las áreas de concesión externa, cuando legalmente esto no es posible.

Finalmente, en la denuncia se solicita a la Secodam que ``indique a la fiduciaria y al fideicomitente que nos cubra la cantidad adeudada por finiquito de obra realizada, según contrato establecido y formalizado legalmente, así como las obras extraordinarias ejecutadas, considerando los costos financieros que el atraso en la liquidación de la operación han significado''.

De acuerdo con la relación de costos presentada por la empresa, de los 96.7 millones de pesos totales que implicó la obra, sólo les han sido liquidados 19.7 millones de pesos, restando 77 millones, sin incluir los impuestos respectivos. Del total, casi una cuarta parte de ello sería derivado del costo del financiamiento.