Graves abusos y ocultamiento de pruebas en el caso Aguas Blancas

Jesús Aranda La comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Aguas Blancas determinó que hubo una ``grave violación a las garantías individuales'' en la matanza de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Así lo establece el proyecto de dictamen elaborado por los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios al que tuvo acceso La Jornada, el cual, de ser ratificado en los mismo términos por el pleno de ministros, se haría llegar, además de al presidente de la República, a las cámaras de Senadores y Diputados, las cuales estarían en condiciones de efectuar acciones políticas concretas contra las autoridades y ex autoridades implicadas en los hechos.

El documento precisa que las autoridades guerrerenses ``ocultaron pruebas'' sobre los hechos, y además se confirma la existencia de un video completo de la matanza, del cual se hicieron dos copias: la ``oficial'' y la que trasmitió en su momento Televisa.

Fuentes de la Suprema Corte confirmaron que este lunes o el martes los ministros discutirán en sesión privada el proyecto de dictamen y se prevé que esta misma semana se dictamine este asunto que fue atraído --a petición presidencial-- por el máximo tribunal de justicia del país el pasado 5 de marzo.

El proyecto de dictamen pone énfasis en que debe continuar la investigación de la matanza; ello en contraposición de lo que en su momento concluyó el ex fiscal especial Alejandro Varela Vidales, quien determinó que el caso estaba cerrado.

El viernes pasado los ministros de la Corte recibieron un informe de más de 100 cuartillas sobre la investigación realizada por Castro y Castro y Román Palacios, así como dos tomos anexos --de las mismas características--, en los que se incluyen entrevistas y testimonios del ex gobernador Rubén Figueroa y los dictámenes de los peritos en balística, criminalística, fotografía y video que tomaron parte en la inspección ocular efectuada en el vado de Aguas Blancas a fines de marzo pasado.

Los expertos en video y fotografía determinaron que los dos videos conocidos sobre la matanza --el ``oficial'' y el que trasmitió Televisa-- son copias editadas, lo que confirma la versión de testigos presenciales que afirman que el original dura alrededor de 45 minutos.

Según información recabada en la Corte, en el proyecto de dictamen no se hace alusión directa a la participación de Rubén Figueroa en los acontecimientos, aunque en el documento final se deberá precisar ``dónde estuvo la violación de las garantías individuales y por qué los funcionarios del gobierno de Guerrero sacaron dos copias del video original, así como precisar si el ex gobernador y sus principales colaboradores --entre ellos el ex secretario de Gobierno, Raúl Robles Catalán-- incurrieron en responsabilidades penales o administrativas''.

El documento que circula ya entre los ministros reitera que la Suprema Corte no tiene una función jurisdiccional en el asunto, por lo que sus juicios de valor sobre el tema tendrán una trascendencia más política que jurídica.

Las fuentes consultadas precisaron los objetivos y alcances de la investigación sobre el caso Aguas Blancas de la manera siguiente: ``Le impone la obligación (a la Corte) de rendir un dictamen que contenga las bases para determinar las responsabilidades de la autoridad infractora y las recomendaciones destinadas a evitar que continúen esas violaciones y que sean repetidas. De modo que el dictamen no es vinculatorio ni produce la nulidad del acto, pero el hecho de señalar su invalidez propicia que la autoridad responsable enmienda su conducta y evite repetirla.''

Explicaron los informantes que ante la relevancia de la investigación, ``no es posible prescindir de la importancia del impacto ético y político que en tal eventualidad tendría un pronunciamiento de la Suprema Corte en la opinión pública, porque más que preparar elementos para que el Ministerio Público desarrolle sus atribuciones, la facultad de la Corte se traduce en una reserva histórica atribuida al máximo tribunal de justicia para que, en algún momento grave de crisis política, sea éste el factor determinante en el restablecimiento del orden y el respeto de los principios constitucionales''.

Según fuentes de la Corte, la investigación --que incluyó una estancia de cinco días de los ministros en el puerto de Acapulco-- tuvo un costo aproximado de 80 mil pesos y participó en ella un reducido grupo de colaboradores de los ministros, quienes se encargaron de sacar versiones mecanográficas de las entrevistas sostenidas con más de 50 personas y redactar informes, amén de que colaboraron en la elaboración del proyecto de dictamen.

La gran mayoría de las entrevistas tuvo lugar en el despacho de Juventino Castro y Castro, e incluso en Acapulco --que sirvió en su momento como centro de actividades-- las pláticas sostenidas con ex funcionarios guerrerenses se efectuaron en la suite del mismo ministro en el lujoso hotel en el que se hospedó.

Asimismo, se afirmó que fueron los colaboradores de Castro y Castro los que entregaron la tarde del viernes el dictamen y los anexos a los otros ministros.