Autoridades de EU han pagado 5 mdd en año y medio por indemnizaciones a 23 mexicanos maltratados

David Aponte Durante 1995 y lo que va de este año 23 mexicanos, víctimas de agresiones o accidentes de trabajo en Estados Unidos, recibieron indemnizaciones por un total de 5 millones 100 mil dólares, pagadas por la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), policías de las ciudades de Los Angeles, San Diego y Tucson y autoridades de Fresno, California, señala un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el mismo lapso los 40 consulados de México en ese país tuvieron conocimiento de 41 casos de violencia de diferentes cuerpos policiacos estadunidenses contra migrantes, que involucraron a 70 ciudadanos mexicanos, principalmente en California.

El documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores menciona que, en virtud de lo delicado de estos asuntos y los procedimientos que requiere su investigación por parte de las autoridades, pueden transcurrir varios años antes de obtener una resolución favorable para los mexicanos afectados.

``No obstante, al formular la queja correspondiente y exigir la reparación del daño, además de defender los derechos e intereses de los mexicanos (dejando constancia de la agresión sufrida y obteniendo satisfacción y beneficio para el afectado), se pretende desalentar la práctica agresiva e injusta ejercida por algunos miembros de diversas corporaciones estadunidenses, toda vez que son estas últimas las que finalmente cubren las indemnizaciones''.

La Cancillería menciona que los consulados laboran en cuatro áreas: indemnizaciones derivadas de abusos y maltratos, compensaciones por accidentes y muertes de connacionales, indemnizaciones laborales y ayudas económicas y pensiones alimenticias en favor de las esposas e hijos de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Entre los casos recientes destaca una indemnización laboral de 1.5 millones de dólares a favor de un mexicano que sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a su centro de trabajo en la ciudad de Fresno, en California.

En el apartado de las compensaciones económicas recibidas por mexicanos golpeados o maltratados por agentes de la Border Patrol, oficiales del SIN u otras corporaciones policiacas estadunidenses, explica que los consulados se acercan a los afectados y solicitan la opinión de los abogados consultores y de las organizaciones no gubernamentales que pudieran aportar elementos para atender el caso.

La dependencia precisa que 22 connacionales, 21 hombres y una mujer, involucrados en nueve casos ocurridos entre 1987 y 1993, recibieron 3 millones 600 mil dólares. La Patrulla Fronteriza pagó 18 indemnizaciones y el SIN y las policías de Los Angeles, San Diego y Tucson las cuatro restantes. Los consulados de San Diego, El Paso, Los Angeles y Nogales efectuaron las gestiones legales correspondientes.

Adicionalmente, la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, a cargo de Enrique Loaeza Tovar, registró 23 casos de violencia contra mexicanos en Estados Unidos, los cuales involucraron a 34 connacionales, 30 hombres y cuatro mujeres. Actualmente 21 expedientes están en trámite e investigación; en uno no se encontró responsabilidad y el otro concluyó por el desistimiento del afectado.

El reporte menciona que en los casos de referencia están involucrados agentes de la Patrulla Fronteriza, el SIN, la policía de Los Angeles, aduanas, policías de Las Vegas, agentes del sheriff de Los Angeles y oficiales del condado de Orange, en Santa Ana, California.

Durante este año las representaciones consulares han tomado nota de 18 casos de violencia contra 36 connacionales, 33 hombres y tres mujeres.

Relaciones Exteriores también da cuenta de los casos de protección y las acciones legales relevantes. Destaca la situación legal de Irineo Tristán Montoya, sentenciado a muerte y para quien se ``logró posponer indefinidamente la fecha de ejecución'', la liberación de seis marinos mexicanos en Haití, el homicidio de Lucina Cárdenas en Guatemala, la detención de Silvia Saucedo en Honduras, acusada de terrorismo, y la reclusión de Raquel Gutiérrez en Bolivia, acusada de realizar actividades guerrilleras.

El reporte comenta la situación legal de Amador Renán Cuervo, Miguel Angel Castañeda y Jorge Falcón, encarcelados en Tailandia por presunto tráfico de drogas. El gobierno de México negocia la firma de un tratado sobre ejecución de sentencias penales para que se traslade a los connacionales a este país.

La Cancillería destaca el caso de agricultores mexicanos invitados por la Asociación Agrícola de Intercambio Internacional de Kumamoto, Japón, para recibir capacitación sobre diversos cultivos. La organización japonesa los engañó y los obligó a realizar otras labores agrícolas.

Al respecto, la embajada mexicana en Japón coordinó su repatriación y advirtió al gobierno de Michoacán sobre los eventuales riesgos que podrían enfrentar otros mexicanos interesados en participar en este tipo de ``programas'', concluye el informe.