Crecientes factores alteran las reglas tradicionales que venían rigiendo el trabajo de los servidores públicos. En particular la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se enfrenta a diversos cuestionamientos que afectan su integridad y su papel tradicional de instrumento de control e inmovilidad de los trabajdores al servicio del gobierno federal.

A nivel internacional destaca el permanente y hoy creciente cuestionamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al gobirno mexicano por sostener en la Ley Laboral Burocrática una disposición que otorga a la FSTSE el carácter de única central reconocida por el Estado. El Comité de expertos de la OIT ha considerado que este reconocimiento exclusivo viola los compromisos de libertad sindical contraídos por el propio gobierno en el Convenio 87, el cual por disposición del artículo 133 constitucional es norma vigente en nuestra legislación nacional con el carácter de ley Suprema.

En el plano nacional diversos factores determinan la difícil suerte de la FSTSE; entre ellos destaca la reciente resolución de la Suprema Corte, Jurisprudencial 1/96, que con carácter definitivo determina que los organismos descentralizados deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional, al declarar inconstitucional el artículo 1o. de la Ley Burocrática que indebidamente los regulaba. En virtud de esta importante jurisprudencia, 54 de los 84 sindicatos de la FSTSE pasarán al régimen laboral general del mencionado apartado A, recuperando los derechos colectivos despojados, entre los cuales destaca la posibilidad de convenir bilateralmente mejores condiciones de trabajo a través de la contratación colectiva. La FSTSE, queriendo tapar el sol con un dedo, ha dado la consigna de ignorar esta resolución, buscando salvar su pellejo proponiendo una reforma constitucional que le dé vuelta a la resolución de la Corte. La intención es incluir en dicho apartado B a toda la administración pública federal; poco importa que el apartado B sea más restrictivo para los trabajadores de base y que los empleados de confianza no tengan defensa alguna. Ondenando el petate del muerto, la FSTSE amenaza que, de no acceder a su absurda petición de reforma constitucional, exigirá que desaparezcan los apartados A y B y así todos los trabajadores se regulen por una forma constitucional sin apartados.

La mayor parte de los restantes 30 sindicatos de la FSTSE, compuestos básicamente de Secretarías de Estado, viven hoy un proceso de federalización que trae consigo que grandes contingentes de trabajadores pasarán al servicio de las entidades federativas; en particular, en la Secretaría de Educación Pública, de Salud, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como en la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por lo que se refiere en este último caso a la Comisión del Agua. Esta desconcentración generará un intenso proceso de reducción de la Afiliación Sindical Burocrática Federal, incrementando la de carácter local.

Un factor adicional en el entorno laboral burocrático deriva de los planes de modernización administrativa del propio gobierno federal, que pretende rescatar el archivado Servicio Civil de Carrera. Estos planes se enfrentan, sin embargo, a la creciente degradación de la condición bajo las cuales prestan sus servicios los burócratas. A los ínfimos salarios que bordean los mínimos generales habría que agregar el crecimiento artificial del llamado personal de confianza, del personal pagado por honorarios y la subcontratación de empresas de diversos servicios, factores que trastocan en su integridad el modelo laboral, llevándolo a un callejón de difícil salida. En la actual crisis los burócratas ,tanto de base como los indocumentados de confianza, han sido reducidos a condiciones tan precarias que resulta difícil involucrarlos en esquemas laborales más eficientes, ya que frente a 800 pesos mensuales de salario se estrella cualquier discurso modernizador.

Los trabajadores del Estado y sus reducidas organizaciones con representación sindical legítimas deben afrontar esta coyuntura sin ataduras conservadoras que sólo pretenden perpetuar este caos. La libertad sindical y la participación efectiva y responsable de los trabajadores es condición necesaria para superar esta difícil situación que afecta no sólo a los burócratas, sino también a los gobernados, que sufrimos las múltiples deficiencias de la administración pública