En días recientes María Teresa Jardí, destacada defensora de los derechos humanos y colaboradora de este diario, ha recibido amenazas de muerte dirigidas contra ella y su hijo. A fines de marzo, un colaborador de éste fue secuestrado y golpeado. Sus agresores, presumiblemente miembros de alguna corporación policiaca, mandaron por su conducto mensajes intimidatorios. Posteriormente, Jardí ha recibido anónimos ominosos.

No es ésta la primera vez que nuestra colaboradora es víctima de una campaña de intimidación. Hace unos años recibió amenazas anónimas que no fueron satisfactoriamente investigadas por las autoridades encargadas de perseguir a los criminales. Si se hubiese actuado, probablemente las amenazas no se habrían repetido.

Entonces como ahora, es evidente que estas agresiones y amenazas cobardes buscan silenciar a María Teresa Jardí e impedir que continúe su lucha contra la impunidad y la corrupción, que deje de escribir artículos críticos y que suspenda sus valientes denuncias ante la opinión pública.

Igualmente evidente es el lugar de donde proceden las amenazas: los sótanos del poder, del aparato judicial y de las corporaciones policiacas en los que se fraguan alianzas ilegítimas y corruptas entre servidores públicos y delincuentes. Si existe voluntad para esclarecer las agresiones contra Jardí y los suyos, las autoridades deberán buscar entre los integrantes de la red de complicidades que han sido señalados por la defensora de los derechos humanos.Las amenazas contra nuestra colaboradora son parte de la vasta lucha que se da en el país entre quienes, como ella, aspiran a establecer en México un verdadero Estado de derecho y los que medran en cotos donde el poder se asocia con la podredumbre y querrían perpetuar la impunidad de sus acciones.

Las instancias encargadas de la procuración de justicia, concretamente las procuradurías General de la República y de Justicia del Distrito Federal, deben demostrar su compromiso con la legalidad, llegar hasta el origen de estas amenazas, encontrar a los responsables y pedir para ellos el castigo que la ley estipule. Asimismo, es obligación del gobierno garantizar la integridad física de María Teresa Jardí, de sus familiares y colaboradores.

Finalmente, cabe reflexionar sobre el hecho de que esta clase de intolerables campañas de intimidación de las que en distintos momentos han sido víctimas otros defensores de los derechos humanos en el país reflejan la justeza de los señalamientos públicos y de las gestiones de Jardí y de los otros luchadores sociales amenazados: la naturaleza anónima de las agresiones pone de manifiesto la clase de intereses inconfesables que han sido tocados por nuestra colaboradora. Tales intereses deben ser combatidos sin cuartel por el poder público y por la sociedad en su conjunto.