Pidió Zedillo que los instrumentos de apoyo al agro no sean politizados

Matilde Pérez U. El programa Alianza para el Campo no tendrá los resultados previstos si no se soluciona el problema financiero, advirtieron las organizaciones del sector privado y social del agro.

En el marco de la primera reunión de evaluación del citado programa a cargo de la Comisión Intersecretarial del Gabinete Agropecuario (CIGA), los dirigentes de las organizaciones sociales y privadas aclararon que de persistir la falta de fluidez de recursos frescos no repuntará la producción agrícola y pecuaria.

Ante los severos señalamientos, el presidente Ernesto Zedillo según versión de los propios dirigentes de las organizaciones respondió que no es un problema de imaginación, de creatividad ni de voluntad sino que no hay recursos para impulsar nuevas alternativas.

Durante varios años vivimos subsidiando el desarrollo nacional a partir del crédito externo, en el sexenio pasado cerca de 8 por ciento del valor del PIB dependía del financiamiento externo, agregó ante los dirigentes campesinos y del sector privado.

Entrevistados al término de la reunión privada que duró poco más de dos horas, los dirigentes de las organizaciones sociales y privadas indicaron que el compromiso presidencial fue de iniciar reuniones por sectores financiero, comercial, productivo, agrario, educativo y desarrollo social para poder determinar las medidas que se deberán tomar a fin de resolver algunos de los problemas existentes.

En la reunión privada, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), Ignacio Irys Salomón, pidió quita de intereses y ampliación de los plazos para pagar la cartera vencida, que se calcula asciende a 12 mil millones de pesos.

Con la representación de las 11 organizaciones del sector social rural que conforman el CAP, Irys Salomón insistió en que se dé sustento legal, se norme y defina la operación, alcances y atribuciones del CIGA para ``dotarla de la fuerza de la legalidad e institucionalidad que le permitan cumplir en mejores condiciones con su cometido''.

También externó el disgusto de las organizaciones por los problemas de comunicación y trato de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial con el CAP. ``Nosotros representamos la tercera parte de los ciudadanos de la nación, nuestras demandas, experiencias y propuestas deben ser tomadas en cuenta'', dijo, y pidió al presidente Zedillo intervenga para ``superar estas pequeñas trabas''.

Ante el disgusto de la mayoría de las organizaciones del sector social, incluidas las que están fuera del CAP, por la visión parcial con la que se quiere resolver el rezago agrario, Irys Salomón especificó que los campesinos entienden que solucionar dicho rezago es un acto de justicia pero también implica una negociación y un acuerdo político y social entre el gobierno y los campesinos, por lo que solicitó al Presidente encabece una reunión de trabajo con el CAP para ``tratar este importante asunto''.

Al término de la reunión, el presidente del Sistema Agrícola Nacional, Víctor Verlage, apuntó que hay inquietud e impaciencia entre los productores por la descapitalización del campo, pero ``debemos reconocer que se están instrumentando los mecanismos para recuperar la actividad para que sea rentable''.

Alianza para el Campo debe ser el instrumento del inicio de la recuperación, pero no hay que actuar ni precipitada ni atropelladamente, pues sería un grave error hacer una aplicación incorrecta del programa, señaló. Lo que importa es ``aterrizar el Procampo y decidir su bursatilización para darle una mayor inyección de liquidez'', agregó.

Jorge Mazón Rubio, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, aseveró que difícilmente un agricultor, ejidatario, comunero o pequeño propietario podrá destinar una inversión si no resuelve antes su problema financiero, cuestión compleja, dijo, porque es producto de hace varios años.

Por su parte, el dirigente de la CNPR, José Bonilla Robles, calificó la reunión como positiva porque se expusieron los problemas con claridad y desde diferentes puntos de vista. La demanda de los propietarios rurales fue un mayor financiamiento para el campo.

Al respecto, José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, dijo que las organizaciones sociales que no están en el CAP también abordaron directamente con el Presidente el problema del rezago agrario, el cual debe resolverse con políticas concretas, justas y socialmente viables. Pidieron se apoye la política de fomento productivo, la transferencia de tecnología, la capacitación y reclamaron que el presupuesto para el agro sea deficitaria en menos de 6 por ciento con respecto al año pasado. Otra exigencia fue un nuevo sistema financiero para que haya créditos accesibles y oportunos para los productores.