Los resultados son obvios y los argumentos no convencen a quienes sufren el beneficio de la decisión, pero esta semana el gobierno ratificó, a plenitud, el concepto y ejercicio de su política económica, y con ella una de sus más claras líneas de acción: sacrificar bienes nacionales para rescatar empresas privadas, de manera prioritaria petroleras y financieras, en cada caso.

Las autoridades se aferran en su afán de rescatar al sistema bancario, aunque es notorio el enorme costo económico, social y político que ello conlleva. Igualmente, ratifica su decisión de avanzar, a cualquier precio, en la venta del sector industrial más rentable de todo el aparato económico nacional, el petrolero.

En la incongruencia extrema, la política económica fortalece la actividad especulativa y remata la productiva; apoya ilimitadamente a las instituciones intermediarias que han llevado a niveles de inanición a la economía nacional y, paralelamente -pero en sentido contrario-, pretende vender el sector más rentable de la actividad económica que por muchos años ha sido el principal abastecedor de divisas frescas al país.

La sangría

Durante 1995, el programa de saneamiento del sistema bancario, de acuerdo con la versión del secretario de Hacienda, le costó a la sociedad 5.5 puntos porcentuales del PIB, lo que se traduce en alrededor de 13 mil millones de dólares (55 por ciento más que los ingresos por exportaciones petroleras en el mismo año), 100 mil millones de pesos, o un impacto 1.4 puntos porcentuales menor que el desplome del producto en el periodo, sin considerar los 35 mil millones de pesos en recursos públicos destinados a programas como el de Udi y el Ade.

Además, según la versión del presidente de la Asociación de Banqueros de México, la cartera vencida aumentó cerca de 587.5 por ciento (de 20 mil a 137 mil 500 millones de pesos entre diciembre de 1994 y febrero de 1996). Una proporción mayoritaria del saldo corresponde a intereses no cubiertos por los deudores, no a créditos insolutos. El monto es 2.6 veces superior al capital contable de los bancos apoyados por el gobierno, lo que se traduce en una sonora quiebra del sistema.

A pesar de lo obvio, el secretario Guillermo Ortiz sostuvo en Cancún que todos los apoyos gubernamentales a la banca han sido en beneficio de los deudores y no a favor de los dueños de las instituciones, comentario que se fortaleció con el de Madariaga Lomelín, quien deslindó al sistema financiero de cualquier responsabilidad con los problemas de los creditohabientes.

La cartera

De otro lado, 1995 fue el undécimo año consecutivo en el que Pemex canceló, por problemas de coyuntura, sus planes de inversión en infraestructura petrolera, pese a que, días antes de asumir el cargo, un grupo de especialistas entregó un diagnóstico (Política Energética de México) a Ernesto Zedillo, que subrayaba: ``actualmente Petróleos Mexicanos reporta indicadores de rentabilidad superiores a los de las principales petroleras del mundo y equiparables a los de las empresas de Medio Oriente''.

Y advertía: ``permitir su desmembramiento pondría a Pemex en creciente desventaja competitiva frente a consorcios extranjeros fuertemente integrados, con acceso ilimitado a capitales y nuevas tecnologías, libres de fijar sus precios y definir estrategias de penetración comercial''.

Desde su expropiación, la industria petrolera nacional ha representado uno de los más sólidos sustentos de la rectoría económica del Estado, el desarrollo y la soberanía del país.

En líquido, este sector ha aportado, modestamente, cerca de 120 mil millones de dólares a las tres administraciones neoliberales, al tiempo que entre 1983 y 1995 la productividad de la perforación exploratoria creció más de diez veces y los resultados exploratorios aumentaron de 23 a 50 por ciento en el periodo, contra 24 por ciento que registra Estados Unidos desde hace trece años.

De igual forma, el ingreso por exportación petrolera en la administración de Miguel de la Madrid equivalió al 74.64 por ciento del saldo de la deuda pública externa bruta al cierre de 1988 y al 53.8 por ciento del correspondiente al término del periodo de Carlos Salinas de Gortari. Con los ingresos obtenidos en 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo cubrió el servicio del débito externo y utilizó la factura como aval del paquete de ayuda otorgado por la administración Clinton.

En sus 58 años de existencia, Pemex ha producido alrededor de 20 mil millones de barriles de crudo, de los que el 60 por ciento se extrajeron entre 1983 y 1995. La producción anual se ha incrementado alrededor de 2 mil 500 por ciento, al pasar de 38 millones 482 mil barriles anuales en 1938 a 980 millones de barriles en 1995, aproximadamente. (El máximo nivel histórico se reportó en 1982, con poco más de mil millones de barriles).

A 58 años de expropiación, la industria petrolera nacional ha mostrado, entre otros, los siguientes incrementos: explotación, mil 320 por ciento; capacidad nominal de refinación, 2 mil por ciento y 2 mil 600 por ciento en desintegración y reducción de viscosidad; elaboración de derivados de petróleo, mil 900 por ciento; capacidad de la flota marítima de Pemex, 3 mil 600 por ciento en buques-tanque y 2 mil 200 por ciento en tonelaje bruto