Comprendo que he sido muy pesado, quizá no tanto como debiera, con el tema, pero a veces me parece que lo he sido poco. Y ahora, con una noticia aparecida en La Jornada del pasado martes, vuelvo a las andadas y ratifico que somos un país tan discriminador que los primeros discriminados somos los mexicanos. Y lo hacemos en la Constitución y la reformamos (o la reforman, porque yo no estoy ni puedo estar ahí donde hacen las leyes) para seguir discriminando.

Recordemos el artículo 82 que exigía la nacionalidad mexicana de origen al presidente de la República, pero acompañada del mismo requisito para sus padres. Hoy, con una solución ni siquiera inteligente, con salvedades idiotas, se ha resuelto a medias el tema. Es la expresión más rotunda de ese nuestro chovinismo acobardado que tiene miedo de la competencia. Recuerden en los últimos años la tembladera de los que cumplían el requisito ante la posibilidad de que personas del calibre de Carlos Hank González, Arsenio Farell Cubillas o Jaime Serra Puche pudieran aspirar a la candidatura.

Por ahí andan otros artículos que exigen la nacionalidad de origen para los diputados y senadores al Congreso de la Unión, secretarios de Estado, ministros de la Corte y si queremos más ejemplos estrambóticos podemos leer el sagrado artículo 32 constitucional: ``Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo, así como todas las funciones de agente aduanal en la República''.

Qué les parece?

Hay leyecillas por ahí que exigen la nacionalidad de origen de los padres para aspirar a ser juez (en el estado de México) y múltiples disposiciones que imponen, para ciertos puestos en entidades paraestatales, la condición de mexicanidad de origen. Por ejemplo, para ser director del IMSS y supongo que de Pemex o de la CFE.

Ahora, por si fuera poco, un magno proyecto de reforma constitucional que envolverá la consiguiente de, por lo menos, 55 leyes, códigos, reglamentos y ordenanzas (ver nota de Ismael Romero y Elena Gallegos, p. 16 del martes 12), que aspira a otorgar a los mexicanos que se naturalicen la doble nacionalidad, de nuevo, con el mismo espíritu chovinista, rechaza como derecho absoluto de los mexicanos por naturalización el de conservar su nacionalidad de origen.

A los mexicanos por voluntad propia y no por el accidente materno de que su santa progenitora estaba en el país en el momento del parto (o en una embajadada, o nave o aeronave con bandera mexicana), se les priva el derecho de, si así lo quieren, conservar también su nacionalidad de origen, lo que constituye una indecente discriminación porque se rompe el principio sagrado de la igualdad y, en consecuencia, de la generalidad de las normas, con lo que la justicia se va al demonio. Teniendo en cuenta, por supuesto, que la justicia la hacen los legisladores al dictar leyes generales, sin privilegios y no los jueces ni las procuradurías que se autodesignan ``de justicia''. Esos deben cumplir con la legalidad.

La solución, por lo visto, será que en situaciones excepcionales un señor juez podrá decidir o no que se otorgue al naturalizado el derecho a conservar su nacionalidad de origen. Bonitos están los jueces para una tarea como esa!Hace bastantes años, a mediados de 1978, tuve la oportunidad de influir para que en la Constitución española de ese año se incluyera un artículo con antecedentes en la Constitución de la República de 1931. En él se otorga la doble nacionalidad a los españoles que se naturalicen en cualquier país con los que España haya tenido una relación histórica, lo que incluye a toda América Latina y algunos países de Africa, entre otros. El entonces presidente de las Cortes constituyentes, el brillante profesor de derecho civil Antonio Hernández Gil, quien me honraba con su amistad, recibió mi propuesta y una madrugada me llamó desde Madrid para darme la buena nueva de que había sido aceptada por la ponencia constitucional. Ahí está, no me acuerdo ahora del número, para quien quiera verlo. Es un artículo de mi propiedad personal.

Lo tonto de la solución que se está gestando, por lo visto, en el Congreso de la Unión es que no va a impedir que muchas gentes anden por el mundo con dos o más pasaportes. Un naturalizado nacido en España, por ejemplo, no pierde la nacionalidad por adquirir otra si no hace inscribir la nueva en el acta de nacimiento, en el Registro Civil, y eso nadie lo hace. Y ahora, con el pasaporte posible de la Unión Europea, ese de color guinda que permite viajar por todas partes sin visado, la ventaja de la formulita lo hace enormemente atractivo.

No es mi caso. Cuando en el año de 1983, precisamente un 23 de febrero decidí, pese a las discriminaciones, que este es mi país, 42 años y algunos meses más después del 26 de julio de 1940 en que llegamos a Coatzacoalcos, Veracruz, lo decidí de verdad, en forma pero sobre todo en sentimientos y pasión política. Soy mexicano, me siento mexicano y a mucha honra, aunque sea de tercera. Aunque por eso mismo haya tardado tanto en pedir la nacionalidad.

Si el Congreso aprueba ese paquetazo de reformas tal como se anuncia, con esa nueva discriminación, pues ya saben, a lo mexicano, lo que se les desea.