Los delitos comunes crecieron 100% en 90-94; los federales, 300%

Ricardo Alemán Alemán e Ismael Romero Al instalar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, dijo que un gran reclamo recorre todo el país: el de mayor seguridad pública. Por eso, precisó, ``la vida social de los mexicanos se ha ensombrecido por la inseguridad''.

En ese acto, el funcionario expuso que siete de cada diez mexicanos consideran que la inseguridad ``es hoy el motivo principal de angustia en la República''. La violencia, subrayó, se ha incrementado ``a niveles preocupantes'', mientras que la eficacia de las instituciones ``disminuye dramáticamente''.

Los secretarios de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemol,
y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, al
término de la reunión en la que se constituyó el Consejo
Nacional de Seguridad Pública. Foto: Duilio Rodríguez

Y ejemplificó: de 1980 a 1994, el índice delictivo se ha duplicado en los delitos del fuero común y se ha cuadruplicado en los del fuero federal. En números absolutos, las entidades con mayor frecuencia delictiva, son: Distrito Federal, estado de México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato y San Luis Potosí. En este rubro no aparece el estado de Guerrero.

Para revertir estas tendencias, el secretario de Gobernación presentó ante todos los gobernadores, el jefe del Departamento del Distrito Federal, los secretarios de Defensa, Comunicaciones y los procuradores General de la República, del Distrito Federal y de todo el país, una propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, en la que se detallan las acciones concretas a seguir en esta materia, pero que no fue dado a conocer por la oficina de prensa de la dependencia, cuyos funcionarios dijeron desconocer el documento.

La sociedad mexicana, dijo Chuayffet, ``debe tener la certeza de que el gobierno, en sus tres niveles, la escucha en el delicado tema de la seguridad pública, que actúa y ofrece resultados''.

Presentado como el mayor esfuerzo del gobierno de la República para contener los altos índices de violencia y delincuencia en todo el país, el Consejo Nacional de Seguridad Pública quiere ser la respuesta del gobierno de Ernesto Zedillo a sus promesas de campaña en la materia y, según Emilio Chuayffet, ``es un paso que esperamos sea decisivo en la atención a una demanda sentida y reiterada de la sociedad: la seguridad pública''.

Dicho programa, dijo el titular de Gobernación, ``constituye una guía de trabajo, así hay que asumirla, que resume los motivos, los propósitos, las estrategias y las acciones a realizar en la materia. Esta propuesta define acciones específicas a corto y mediano plazos''. El texto de la propuesta de programa, no fue dado a conocer a los medios y sólo se entregó a los gobernadores.

La nueva estructura parte del Programa Nacional de Seguridad Pública, del que deriva el Sistema Nacional de Seguridad al que pertenece, al mismo tiempo, el Consejo Nacional, que integran los gobernadores de todas las entidades federativas y que es presidido por el secretario de Gobernación. La Secretaría Ejecutiva de ese organismo fue encomendada a Ernesto Gil Elorduy, ex diputado federal y ex funcionario de la Presidencia de la República.

El Consejo Nacional se subdivide, a su vez, en estructuras como el marco normativo para la organización de todo el sistema, y en la instrumentación y capacitación. En el primer caso, el organismo regulará los consejos de coordinación estatales, y en el segundo, la estructura se encargará de los sistemas de información sobre seguridad pública y de los registros de policías, de índices delictivos y el seguimiento de las tendencias delictivas, además de la profesionalización de toda la estructura de seguridad.

Luego de dar a conocer la estructura organizativa del Programa Nacional de Seguridad Pública, Chuayffet Chemor subrayó que a corto plazo, primero ``tenemos que promover que las autoridades locales, donde sea necesario, adecuen sus marcos legislativos en materia de seguridad pública, a fin de impulsar en todos los rincones del país la constitución de consejos de coordinación''.

En segundo lugar, dijo, deben diseñarse mecanismos de financiamiento conjunto entre los tres niveles de gobierno para el servicio de la seguridad pública.

Otro elemento fundamental, agregó el titular de Gobernación, es la promoción e integración de planteles para la actualización de programas de estudio, de formación policial para que a partir de ellos se constituya la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Además, reforzar las acciones para combatir el crimen organizado, cooperando con las autoridades competentes en la materia al tiempo de elaborar, con la participación de consejos locales y municipales, un programa de prevención del delito que admita y recoja la problemática diversa regional y nacional.

A mediano plazo las acciones destacables, son: lograr que a fines de 1996, funcionen los bancos de datos del Registro Nacional de Seguridad Pública, de armamento, equipo, estadísticas criminales, vehículos robados, personas buscadas y de los antecedentes de quienes sirven en los cuerpos policiacos.

En esa misma fecha se pretende concluir el diseño e implantación inmediata de la carrera de policía, y finalmente alcanzar la plena operación del Sistema Nacional de Coordinación en materia de seguridad pública.

La sesión en donde se instaló el Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, mostró aristas curiosas para la clase política. El gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, ofrecía una entrevista de prensa y por ahí se acercó Porfirio Muñoz Ledo, dirigente del PRD, quien dijo: ``Yo no sabía que las renuncias se daban aquí, entre los periodistas''.

Por su parte, los gobernadores Rubén Figueroa y Roberto Madrazo, de Guerrero y Tabasco, respectivamente, parecían ausentes de la sesión. A Figueroa le correspondió el lugar contiguo al guanajuatense Vicente Fox, quien lo miró extrañado, pareció sorprendido y luego no cruzaron palabra durante toda la sesión.

Los trabajos fueron interrumpidos por la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, quien a gritos reclamó ser escuchada: ``Señores, yo quiero presentar a los aquí presentes un banco, pero no un banco de datos sino un banco de sangre, de la sangre de los habitantes del municipio que represento''.

Todos los presentes voltearon hacia donde se hallaba la alcaldesa, quien agitando un expediente continuaba gritando, denunciando ``el clima de inseguridad y de violencia'' que prevalece en Guerrero.

``Aquí sí lo pueden hablar los consejeros. La atiendo al terminar la sesión'', prometió el secretario de Gobernación.

Una edecán recogió el expediente que mostraba a todos los asistentes la alcaldesa. El documento pasó luego de mano en mano, hasta llegar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. ``No... Es para el secretario de Gobernación'', gritó María de la Luz Núñez Ramos.

Al final, la presidenta municipal pidió ``excluir al gobernador de mi estado del Consejo de Seguridad, porque no ofrece ninguna garantía de seguridad pública''.