Crean comisión para plantear a la SHCP la necesidad de presupuesto

Ismael Romero y Ricardo Alemán Alemán Gobernadores del PRI y del PAN plantearon ayer en la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que sin dinero el combate en contra de la delincuencia quedará en buenas intenciones. En consecuencia, el pleno de este nuevo organismo aprobó integrar una comisión que de inmediato atenderá el problema ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, presidente del Consejo, dijo que el problema del financiamiento es toral ``pues sin dinero no se va a hacer mucho en materia de seguridad''. Comentó que en la mayoría de los países, la inversión en este rubro está en el rango del 2 al 4 por ciento del producto interno bruto (PIB). ``En México, la inversión es bajísima, del .08 por ciento, lo cual explica muchos de los problemas'', añadió.

Rubén Figueroa y Vicente Fox Quesada, en la instalación
del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Foto: Duilio
Rodríguez

El tema del financiamiento surgió en el desahogo de la orden del día, en esta primera reunión del Consejo. El gobernador de Guanajuato, el panista Vicente Fox, exclamó en el salón Revolución: ``¡La lana, el dinero!''.

Hubo quienes rieron y Fox subrayó que la gran desventaja ante el crimen y el hampa es, precisamente, el dinero. ``Desafortunadamente los presupuestos (de los estados) son raquíticos. El gobierno federal tiene la tajada del león en materia de dinero, en materia de presupuesto''.

El mandatario guanajuatense advirtió que todo el esfuerzo en materia de seguridad puede quedarse en consejos donde se platique mucho y se arme estrategia. ``Si no bajamos algo de dinerito, yo no veo cómo va a caminar esto'', opinó.

Los gobernadores priístas Diódoro Carrasco, de Oaxaca, y Manuel Bartlett Díaz, de Puebla, se sumaron al tema. El primero dijo que si no hay recursos económicos todo puede quedar en buenas intenciones, y que es necesario tener claridad en cómo van a participar la Federación, las entidades competentes y los gobiernos estatales en materia de financiamiento.

Carrasco Altamirano propuso crear una comisión que estudie y revise las propuestas correspondientes, con las autoridades competentes, para explorar, definir y concretar los esquemas de financiamiento.

Bartlett, a su vez, propuso pedir a la sociedad, a los sectores que tienen recursos, ``aunque estén en crisis, igual que nosotros'', su participación.

Señaló que si no hay recursos adicionales de la sociedad, el gobierno no va a poder solo. Recordó que la Asociación de Banqueros de México se había comprometido a sufragar la vigilancia de las sucursales bancarias, pero agregó que Seproban no está funcionando y que esto obliga a los gobiernos estatales a cuidar esas oficinas.

Chuayffet recogió la propuesta de Diódoro Carrasco y propuso crear la comisión, integrada por el secretario de Gobernación, el procurador General de la República, el jefe del Departamento del Distrito Federal y los gobernadores de Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Puebla y Sinaloa.

Aprobada la comisión, Chuayffet Chemor dijo que de inmediato se harán las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda, para proveer recursos al Sistema Nacional de Seguridad.

Francisco Barrio, gobernador panista de Chihuahua, planteó que la comisión tratara con Hacienda el tema de la manutención de reos federales en cárceles de los estados y municipios.

Emilio Chuayffet dijo que a los estados les asiste toda la razón y que era un buen comienzo ventilar el caso, aunque advirtió que pasará mucho tiempo para que se resuelva. Mencionó que en el país existen 91 mil presos, 23 mil de ellos del fuero federal. En cárceles federales sólo existen, contando las Islas Marías, 3 mil. Lo que significa que entre 19 y 20 mil presos federales están en cárceles estatales. La Federación da a los estados 5.5 pesos por preso, para la manutención de éstos, pero el costo de la misma es de 44 e incluso hasta de 78 pesos.

En la reunión Ernesto Gil Elorduy, ex diputado federal, ex funcionario de la Presidencia (en 1972 y 1975-1976) y actual funcionario de la Secretaría de Gobernación, fue elegido por unanimidad como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posteriormente se aprobaron el Acuerdo que Fija las Reglas, Procedimientos y Plazos para la Instalación y Funcionamiento de los Consejos Locales, Regionales y Municipales de Coordinación de Seguridad Pública, así como el Acuerdo que Expide la Convocatoria para que se instalen, como órganos auxiliares del Sistema Nacional de Seguridad Social, la Conferencia de Prevención y Readaptación Social y la Conferencia de Procuración de Justicia.

Los consejeros conocieron también el Programa Nacional de Seguridad que se propondrá al Ejecutivo Federal. El subsecretario Juan Ramiro Robledo, explicó más tarde el contenido del Subsistema de Información Nacional de Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Formación Policial.

En este punto, el gobernador Vicente Fox propuso la participación de la Secretaría de Educación Pública, lo cual fue aceptado. Finalmente, los consejeros recibieron un Proyecto de Programa de Prevención del Delito y un Proyecto de Convenio General de Colaboración en Materia de Seguridad Pública.