RETIRAN PLANTON DE PANISTAS EN PUEBLA

La Jornada de Oriente, Puebla, Pue., 7 de marzo Granaderos de la policía estatal desalojaron a unos cien panistas, entre ellos a la lideresa estatal Ana Teresa Aranda, a quienes arrastraron y cargaron para que suspendieran el plantón que mantenían en la entrada del Palacio del Gobierno, como parte de la resistencia civil que sostienen por la decisión de las autoridades electorales de otorgar la alcaldía de Huejotzingo al PRI.

Aranda de Orea calificó este suceso como un ``acto de barbarie'' del gobernador Manuel Bartlett Díaz, quien al reprimir un acto pacífico demuestra que ya ``está desesperado y se siente acorralado'' por las protestas de los panistas.

Simpatizantes panistas que protestaban por la decisión
de las autoridades electorales de dar el triunfo al PRI
en el municipio de Huejotzingo, fueron removidos ayer
del Palacio de Gobierno de la capital poblana por policías.
Foto: Abraham Paredes

Según la versión emitida por la Secretaría de Gobernación, no se trató de un desalojo sino de un desplazamiento en el que no se usó la violencia ni gases lacrimógenos. Dicha acción se ejecutó porque los panistas obstruían la libre entrada y salida de personas al Palacio del Gobierno estatal, además, durante más de una hora se les había conminado a retirarse, pero no hicieron caso del llamado de funcionarios de la dependencia.

La presidenta del PAN dijo que ya se esperaba la represión; sin embargo afirmó que no será un freno para que continúe la resistencia civil contra la imposición del priísta Miguel Angel Martínez Escobar, como edil de Huejotzingo.

A las 8 de la mañana decidieron retirarse los panistas que se encontraban desde el martes en plantón frente a la residencia oficial de Manuel Bartlett, pues el cerco policiaco que había a su alrededor les impedía la entrada de alimentos. Además, patrullas de la Dirección de Tránsito estaban deteniendo en las afueras de Huejotzingo a los autobuses que intentaban trasladar a Puebla a simpatizantes panistas que sustituirían a los que habían estado la noche anterior en la casa del gobernador.

Minutos antes de las 10 de la mañana, unos 100 panistas que habían estado en el plantón, en su mayoría mujeres, mediante un ``trabajo hormiga'' de caminar solos frente al palacio de gobierno, lograron burlar el cerco de 200 granaderos que había alrededor del inmueble, para colocarse en los accesos del edificio.

Los manifestantes se sentaron en el suelo y durante una hora estuvieron cantando. Ana Teresa Aranda dijo que esa acción de resistencia civil era para presionar pacíficamente a Manuel Bartlett a que ``saque las manos del caso Huejotzingo'', permitiendo que el Congreso local convoque a comicios extraordinarios en ese municipio, pues al PAN le quitaron un triunfo electoral luego de tener ``en las manos'' las actas que demostraban que había ganado legalmente.

A las 11 de la mañana, en la puerta trasera del palacio, unos cien granaderos arrastraron a los panistas ahí colocados, a pesar de que permitían el acceso al inmueble. Los manifestantes quedaron tirados a mitad de la calle y, como protesta, entonaron el himno nacional.

Unos 20 minutos después, en la entrada principal se abrió el portón de donde salieron unos 100 granaderos quienes cargaron a los panistas, incluyendo a la presidenta del PAN, quien en todo momento exhortó a sus compañeros: ``Tranquilos, no vamos a caer en la violencia de Manuel Bartlett''.

Algunas mujeres quisieron golpear a los policías, pero se abstuvieron por los llamados de los líderes panistas a no responder a la agresión. Algunas señoras resultaron con lesiones leves en la espalda y cara, además de sufrir los efectos del gas lacrimógeno, que según los líderes panistas utilizaron los uniformados.

Los policías obligaron a los panistas a replegarse en la acera de enfrente del palacio, en donde los granaderos colocaron rejas para evitar que nuevamente intentaran bloquear la entrada del edificio.

Después de la agresión, Ana Teresa Aranda habló por teléfono con el presidente nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza, a quien le comunicó lo ocurrido. Posteriormente informó que continuará la misma estrategia de resistencia civil, sólo que los actos se darán a conocer minutos antes de que ocurran.

Al cabo de dos horas del desalojo, los panistas se retiraron del lugar rumbo a Huejotzingo, no sin antes entonar cantos contra el gobernador Bartlett.

Eucario Herrera, presidente del comité municipal del PAN en Tehuacán, informó que en las próximas acciones participarán ciudadanos de ese municipio.

Elena Gallegos El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo García Cervantes, pidió ayer al presidente Ernesto Zedillo que solicite una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Puebla en el caso Huejotzingo, decisión que ``despojó'' a su partido de una clara victoria. Dijo que, con un acto así, el Ejecutivo daría una muestra incuestionable de voluntad política.

Por otro lado, los coordinadores de los cuatro partidos representados en la Cámara de Diputados sostuvieron una reunión en la que acordaron diseñar una agenda legislativa que no sólo contemplará los temas que los diputados debatirán el próximo periodo de sesiones que inicia el día 15, sino el que se realizará de septiembre a diciembre. En esa agenda se preverá la necesidad y conveniencia de realizar periodos extraordinarios, ``con el objeto de evitar vaporazos''.

En cuanto al hecho de que muchos de los temas que se incluyen en la agenda legislativa tienen que ver con la reforma del Estado, de cuyas negociaciones el PAN se retiró, García Cervantes explicó que, efectivamente, eso ocurrirá y que no resulta de ninguna manera contradictorio que los legisladores panistas se aboquen a debatir las iniciativas en cuestión, ``porque en este espacio el Congreso haremos nuestra mejor contribución para resolver los grandes problemas nacionales''.Explicó que esto último, a su juicio, ``riñe con cualquier pretensión de subordinación, tanto a la Secretaría de Gobernación, como expresión del Ejecutivo, como al método inútil, rebasado y simulador de mesas controladas por esa dependencia''.

Más adelante, informó que la conclusión del encuentro de trabajo celebrado ayer al mediodía y en el que participaron el líder de la mayoría priísta, Humberto Roque Villanueva; Jesús Ortega, del PRD, y Alfonso Primitivo Ríos, del PT, además de él mismo, se hizo el compromiso de diseñar esa agenda que, a juicio ``de los otros coordinadores, no riñe con su esfuerzo de seguir trabajando en las mesas de la reforma política''.

Los coordinadores volverán a reunirse la próxima semana para ver si pueden consensar un proyecto de agenda que en sí misma sea la expresión de la voluntad del poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, de fortalecer, dignificar y asumir cabalmente la responsabilidad que el Congreso de la Unión tiene en la transición mexicana.

Huejotzingo a la Corte Interamericana

García Cervantes explicó su propuesta para dar la salida al problema de Huejotzingo, seguida por una andanada de declaraciones en contra de su partido y sus dirigentes.

Dijo que, aunque México firmó el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, no ha ratificado su protocolo porque no reconoce la jurisdicción de dicha Corte en cuestiones electorales que, defiende el gobierno, ``son estrictamente de índole interna''.

Sin embargo, dijo, México sí acepta las calificaciones financieras del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; también aceptó tácitamente la certificación del gobierno estadunidense a su lucha antidrogas y, aún más, el pasado 5 de marzo, el secretario general de la ONU, Boutros Ghali, afirmó que ``México es un valioso socio en promover el esfuerzo de democratización''.

Inmediatamente, los priístas aceptaron el elogio, y el miércoles pasado continuó García Cervantes, durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Mario Vargas retomó las palabras del secretario general de la ONU para hacer una exhortación a las fuerzas políticas nacionales y a las organizaciones sociales a que participen en la reforma electoral ``sin anteponer los problemas coyunturales que, además, pueden y deben ser resueltos definitivamente por esa reforma''.

Vargas fue más allá y dijo que ``el PRI ha contribuido a ello, y en México se han dado muestras de avances y de reconocimientos''.Luego el reto: ``si el PRI reconoce como válida la opinión del líder de una organización internacional en asuntos internos del país, y de acuerdo con las conversaciones del presidente Zedillo en Europa, donde trató de buscar apoyos para la firma de un convenio comercial con la Unión Europea, cuya condicionante principal es que se firme una cláusula democrática, es que nosotros creemos que una opinión de la Corte Interamericana es plenamente factible''.

La propuesta del coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional es ``que el Ejecutivo, como jefe del Estado mexicano, solicite, conforme el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, suscrita por nuestro país, y demás normas aplicables del sistema interamericano, una opinión consultiva a la Corte de ese organismo para que señale si el fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Puebla es garantía de democracia, de legalidad y de juicio de imparcialidad de los procesos electorales en México, conforme lo establece la Convención citada''.

García Cervantes fue más explícito: ``la opinión de la Corte sobre Hujotzingo tendría tal peso moral que la sola petición de que emita una opinión mi partido la valoraría como una muestra importante de voluntad política del presidente Zedillo, tan trascendente como la solicitud de que la Suprema Corte de Justicia intervenga en el caso de Aguas Blancas''.

Recordó que en México, por ley, la Suprema Corte no está facultada para ver cuestiones electorales, pero que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos están incluidos como parte de aquellos.

Indicó que agotadas las instancias formales en el país para ver dicho caso, la opinión de la Corte sería importantísima y obligaría al mismo PAN a acatarla, además de que la solicitud, per se, daría a México y al Presidente una gran solvencia moral, ahora que se necesita tanto frente a otros Estados.

B