No renunciará, declara en entrevista

Jesús Aranda, Ismael Romero y Ricardo Alemán El gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer envió un oficio a la Suprema Corte sobre el caso Aguas Blancas, en el que señala: ``Es indudable que la intervención de la honorable Corte en el esclarecimiento de los hechos, por la fuerza moral de sus fallos, hará posible la reparación de violaciones causadas, así como la culminación de hechos, reconociendo y reivindicando culpables e inocentes''. Por otra parte, en entrevista, advirtió que no renunciará a su cargo.

Abordado por los medios de comunicación al término de la ceremonia de instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Figueroa Alcocer sostuvo que el asunto de la matanza de 17 campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez es un problema judicial y no político, por lo que acusó al Partido de la Revolución Democrática de querer ``llevar agua a su molino'' y de juzgarlo ``a toda costa y a como dé lugar'' para que deje el puesto.

El mandatario guerrerense envió el 6 de marzo el oficio 3/96, dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Vicente Aguinaco Alemán, en el que se pone a disposición de la comisión designada para el caso, que integran los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, en virtud de que no tiene ``conducta que reprochar ni acciones que ocultar''.

Asimismo, se dice complacido porque la indagación de la Corte se realizará ``sin detrimento de las actuaciones practicadas, como lo expresa el comunicado de la Secretaría de Gobernación'', para que ``con la certeza y confianza en la legalidad a que ciñe sus actos se expliciten y precisen de una vez por todas las responsabilidades en los lamentables hechos de junio de 1995''.

En el escrito, que obra en poder de La Jornada, se habla también de una entrevista previa con el presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán, en la que ``me comprometí a informarle del avance y de las acciones diversas, desprendidas de la recomendación (de la CNDH)'', por medio de su representante legal, Luis del Toro Calero.

Por otra parte, en el texto se hace referencia al documento que envió a los ministros el 4 de marzo (La Jornada, 5/III/96), que coincidió con el día en que el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, anunció la decisión presidencial de solicitar a la SCJN que indagara el caso Aguas Blancas.

Sobre el particular indica que, en virtud de la reiterada insistencia del PRD y organizaciones no gubernamentales para que la Corte retomara este asunto y acordara ejercer su facultad investigadora, y además porque el 29 de junio pasado se publicó que la Corte estaba por resolver el caso a instancias de ese partido y organizaciones y que el ministro instructor era Humberto Román Palacios, decidió enviar el documento en cuestión, ``el cual fue presentado a la Oficialía de Partes del 4 de marzo pasado a las 11:44 horas, esto es, mucho antes de que se tuviera conocimiento de la excitativa promovida por el señor Presidente de la República''.

Agregó que el propio Luis del Toro su representante legal se entrevistó con el ministro Humberto Román Palacios, a quien hizo entrega de una copia del libelo, sin siquiera conocer la instancia presidencial, ``ni menos saber que dicho magistrado sería designado posteriormente''.

``Debido al hecho de que quienes pretendían el ejercicio de la facultad investigadora eran un partido político y diversas organizaciones no gubernamentales (...) Del Toro Calero consideró que la honorable Suprema Corte habría de abstenerse de intervenir, como ya lo había sostenido en resolución anterior''.

El mandatario guerrerense menciona también que ``el documento del profesionista mencionado'', entregado en nombre de Figueroa, estaba relacionado estrictamente con un asunto que se ventila en la Corte y que se dio a conocer el mismo día de su presentación ``por algún diario nacional, que el 5 de los corrientes lo difundió parcialmente, fuera de contexto, maliciosamente''.

Luego de explicar las citadas ``coincidencias'', se puso a disposición de la comisión investigadora.

En la breve entrevista que concedió ayer en la ciudad de México, Figueroa se refirió también a la actuación de la alcaldesa María de la Luz Núñez Ramos, quien minutos antes había interrumpido los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad para entregar al secretario de Gobernación un expediente sobre lo que ella calificó un ``banco de sangre''.

En respuesta, el mandatario censuró a Núñez Ramos por no trabajar en su municipio (Atoyac) que tiene el más alto índice de criminalidad en el estado, por dedicarse a su labor política en el PRD.